Según publica diario Jornada, el informe de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, se conoció en el X Encuentro del Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata.
Allí se presentó un minucioso informe sobre los resultados de causas e investigaciones desde la sanción de la Ley 26.364 y la creación de la fiscalía especializada (entonces UFASE), en 2008. Desde la entrada en vigencia la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas se lograron 271 sentencias en las que fueron condenadas aproximadamente 564 personas que perjudicaron al menos a 1204 víctimas, todo ello en causas en las que intervino la justicia federal.
Desde la entrada en vigencia de la norma, la cantidad total de sentencias fue cada vez mayor de un año al otro: en 2009 fueron 3; al año siguiente, en 2010, se alcanzaron 18; y en 2011 y 2012 se registraron 27. Si bien en 2013 las sentencias fueron 26, aumentaron en 2014 al llegar a 34, y en 2015 se llegó a 48. En 2016 y 2017 se registran la mayor cantidad a la fecha, con 51 por año, mientras que en el transcurso del 2018 (todavía en curso) fueron 29 hasta el momento de la elaboración del informe.
Respecto a las jurisdicciones involucradas en cada caso, Mar del Plata se encuentra primera en el listado, con 33 sentencias, seguida por la ciudad de Córdoba, con 32 y Capital Federal y Comodoro Rivadavia, ambas con 27 casos cada una. Las cifras son similares para Mendoza y Paraná (25), Salta (24), Rosario y San Martín (22). Bahía Blanca y La Plata registran 16 sentencias cada una, mientras que en la localidad rionegrina de General Roca fueron 13. Las cifras descienden en Tucumán (9), Posadas (8) Resistencia y Corrientes (7 sentencias).
De la totalidad de los casos, el 77 por ciento incluía tipo de explotación sexual, mientras que el 19,9% fue de índole laboral, con un 3,2% no especificado. La mayoría de las causas se llevaron adelante en audiencia de debate (un 66,9%), mientras que la instancia de juicio abreviado se llevó a cabo sólo en un 30,3% de los casos. De la totalidad de los condenados, 433 son de nacionalidad argentina y 137 de origen extranjero. De ellos, el 63,6 por ciento es de género masculino, el 36% restante femenino, y un 0,4% trans.
En 232 casos, los imputados fueron condenados por trata, mientras que 40 de ellos obtuvieron veredicto absolutorio y otros 38 fueron sentenciados por delitos conexos. En el 82,3 por ciento de los casos, las víctimas de estos delitos fueron de género femenino y un 17 por ciento masculino, con un 0,7 restante de víctimas trans.
Bienes incautados
La PROTEX estuvo representada por su cotitular, Alejandra Mángano, durante la X Reunión del Consejo Federal Para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas que se realizó en Puerto Madryn a mediados del pasado mes de diciembre.
Luego de la apertura –que estuvo a cargo de María Fernanda Rodríguez, coordinadora del Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas- se desarrollaron las Comisiones Técnicas Permanentes para la Investigación, Persecución y Sanción a los Responsables del Delito de Trata de Personas; de Supervisión de la Unidad de Bienes Incautados y Decomisados; de Prevención del Delito de Trata de Personas; para la Asistencia a las Víctimas del Delito de Trata; y del Informe Anual.
Durante el encuentro, la fiscal Mángano propuso trabajar a través del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina en la actualización del protocolo de investigación de delitos conexos a la trata de personas, suscripto en el año 2009. Asimismo, destacó la buena práctica de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires de tener fiscales referentes especializados en delitos conexos.
En el marco de la Comisión Permanente de Seguimiento de la Unidad de Bienes Incautados y Decomisados del Consejo Federal, la cotitular de la PROTEX presentó un minucioso informe elaborado por la procuraduría especializada –que encabeza junto a su colega Marcelo Colombo- y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) –a cargo de María del Carmen Chena- en relación a los bienes decomisados en sentencias, la cual servirá de base para distintas presentaciones que el Consejo ha efectuado ante la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El citado informe señala que desde la entrada en vigencia de la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas se han logrado 276 sentencias en las que fueron condenadas 564 personas que perjudicaron al menos a 1.204 víctimas. Sólo en el 38% de dichas sentencias se ordenó el decomiso de bienes utilizados como instrumento o producto del delito, identificándose 46 maquinarias, 38 rodados, 31 inmuebles y cerca de 450.000 pesos.
Por otra parte, se continuó trabajando en la posibilidad de compatibilizar las bases de datos del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, del Ministerio de Seguridad y de la PROTEX.
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