Diego Miguel Correa: Está sindicado como jefe de la asociación ilícita y además se lo acusa por fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y autolavado de activos. La pena prevista por todos estos delitos parte desde los cinco años. Los fiscales adelantaron que al momento de pedir pena la misma no será inferior a los ocho años de prisión, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Diego Luters: Los fiscales lo califican como «un eslabón esencial en la estructura delictiva». Está acusado como miembro de la asociación ilícita, defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y enriquecimiento ilícito. La pena parte de un piso de tres años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los fiscales estiman que la pena no será inferior a los seis años de prisión, más la inhabilitación perpetua.
Daniela Souza: Miembro de la Asociación ilícita; en concurso real con defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, en concurso real con enriquecimiento ilícito. La pena parte de los tres años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima en no menos de cinco años de prisión.
Natalia Mc Leod: Miembro de la Asociación ilícita; en concurso real enriquecimiento ilícito. La pretensión punitiva se estima que no será inferior a los cuatro años y seis meses de prisión.
Matías Federico Gatica: Lavado de activos agravado por habitualidad. Es alcanzado por una escala penal que va desde los cuatro y seis meses, a los doce años y seis meses de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima que partirá de cuatro años y seis meses de prisión, con más multa que partirá de los 5 millones de pesos por el lavado concretado.
Juan Carlos «Tato» Ramón: Miembro de la Asociación ilícita; en concurso real con Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Es abarcado por una escala penal que parte de los tres años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima no inferior a los cuatro años y seis meses de prisión.
Sandro Figueroa: Miembro de la Asociación ilícita; en concurso real con enriquecimiento ilícito, y lavado de dinero. La escala penal que parte de los tres años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima en un reproche no menor de los cuatro años de prisión.
Jorge Aníbal Godoy: Enriquecimiento ilícito. La escala penal va desde los dos años a seis años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima partirá de los tres años de prisión, más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Giuliana Mc Leod: Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, cuatro hechos consumados, y dieciséis hechos tentados, los que a su vez concursa idealmente con Negociaciones incompatibles. De conformidad con la calificación escogida, el nombrado es alcanzado por una escala penal que va desde los dos años a seis años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva se estima que partirá del mínimo en los dos años de prisión.
Darío Domingo Correa: Se lo acusa por Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, los que a su vez concursa idealmente con Negociaciones incompatibles. Es alcanzado por una escala penal que va desde los dos años a seis años de prisión. La pretención de pena partirá en los dos años y seis meses de prisión.
Rubén «Bedo» Reinoso: Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública. Es alcanzado por una escala penal que va desde los dos años a seis años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva partirá de un reproche en los dos años de prisión, más inhabilitación perpetua para ocupar cargo públicos.
Christian Daniel Gisande: Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, dos hechos consumados y ocho en grado de tentativa, en carácter de coautor, la que a su vez concursa materialmente con el delito de Usurpación de autoridad. Es alcanzado por una escala penal que va desde los dos años a seis años de prisión, y en función del rol y las conductas desplegadas por el imputado, y en consideración que no posee antecedentes penales, la pretensión punitiva partirá en los dos años de prisión, más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
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