domingo, 19 de agosto de 2018

Una semana que marcará un precedente en materia de corrupción en Chubut

La semana que se abrirá tras el feriado del lunes podría sentar un precedente histórico en Chubut, tanto si se aprueba como si se rechaza el acuerdo de reparación para evitar el juicio ofrecido por empresarios de la construcción involucrados en el pago de coimas a funcionarios públicos, como también por la discusión pendiente en torno al monto final de dicha reparación. Por otro lado, arrecian teorías conspirativas: ¿el poder económico jaqueado por lo que hasta aquí es una punta de iceberg de la mega corrupción provincial (y nacional), responderá con “carpetazos” contra los fiscales intervinientes? Y el poder político, ¿jugará cartas para que el efecto dominó no siga extendiéndose? Apuntes para los tiempos por venir, con la discusión minera y la crisis económica como otro de los telones de fondo.


La audiencia en la que se resolverá la definición de una parte de la investigación se retomará el jueves 23, cuando los querellantes den a conocer la contrapropuesta, por la que apuntarán a exigir reparaciones más elevadas que las conocidas hasta aquí, valuadas en montos no inferiores a obras por 1 millón de pesos. Un día después, el juez deberá expresar si avala el acuerdo o si el caso va a juicio, con penas que no irían más allá de la prisión en suspenso y multas del orden de los 90.000 pesos.



¿Habrá una alternativa coherente para que la provincia recupere fondos con algún grado de proporción, para reparar el daño causado al amparo de contratos de obras que alcanzan los 8.000 millones de pesos en el período investigado? Quienes avalan esta alternativa entienden que se trataría, más allá del monto acordado, de un hecho sin precedentes a nivel nacional y continental, ya que no se conoce reparación de delitos económicos de semejante magnitud.


INVESTIGADORES BAJO SOSPECHA


El tema no está cerrado y hay quienes se oponen a la reparación y la vía de la “probation”, lo que derivó en un intento para formar una comisión que investigue la tarea de los fiscales –como propuso Iván Pagliaroni-, a lo que se sumaron las “suspicacias” nombradas por el diputado Gustavo Menna, al hablar vía twitter sobre el posible acuerdo.



El tema provocó mucho revuelo en los investigadores, que tendrían reservadas expresiones de respuesta, con munición gruesa, para las audiencias de esta semana.


“Algunos parece que ni siquiera conocen el Código Penal”, se escuchó decir en las fiscalías, tras la andanada de cuestionamientos, “una cosa es la crítica de la sociedad y los vecinos comunes, a quienes debemos dar todas las explicaciones que nos pidan, pero otra es la postura de quienes pretenden sacar rédito político o favorecer a empresarios con los que están ligados”.


Más allá de los cruces, hay quienes creen ver en la bola de sospecha que se echó a correr un intento de deslegitimar la tarea investigativa, no sólo por lo hecho hasta aquí, sino fundamentalmente por las ramificaciones que quedan por conocer. Vale recordar que el posible acuerdo involucra a sólo 3 empresarios, mientras que otros siguen en la investigación vinculada a la asociación ilícita que mantiene entre los imputados a ex poderosos ministros dasnevistas.


En ese plano, se advierte un clima enrarecido: en los despachos de fiscales se anticipa que podrían aparecer cuestionamientos al pasado de algunos de ellos, en forma de los famosos “carpetazos”, mientras se percibe cierta soledad en la función. Habría también otro indicador: la cúpula del poder político actual estaría interesada en morigerar las cargas sobre alguno de los empresarios todavía comprometido en la parte más dura de la investigación penal… El resultado se verá en algunos días: la sociedad resolverá si prioriza discutir sobre la vida personal de algunos investigadores, o sobre cómo y cuántos empresarios y ex funcionarios terminan rindiendo cabales cuentas de los abusos de poder perpetrados en los últimos años.


PROYECTO MINERO


La discusión minera podría revitalizarse en las próximas semanas no sólo por las señales que viene dando el gobierno provincial para abrir instancias de debate, que el último viernes motivó una expresión de rechazo desde el Consejo Superior de la Universidad Nacional de la Patagonia, sino por el recupero de un trabajo realizado desde el año 2010 en la Dirección de Minas (que detectaba áreas de potencial y posibles ventajas o riesgos para su explotación)  y que podría actualizarse, si el gobernador Arcioni termina de decidirse, para utilizar como instrumento de base de una futura zonificación.


La posición para reinstalar el debate fue expuesto ante la Federación Empresaria Chubutense por el mandatario provincial, mientras en el ámbito legislativo hay quienes hacen cuentas positivas (más de 14 voluntades) sobre la cantidad de votos necesarias para una probable aprobación de la ley para habilitar la actividad en determinadas regiones.


El tema sigue generando controversias, pero en el gobierno se evalúa la posibilidad de generar renta adicional a través de un fondo fiduciario que elevaría el ingreso fijado por el canon. Pero además, según confió uno de los funcionarios a esta columna, aparece como una carta de negociación importante frente al gobierno nacional, que a su vez impulsa la posible explotación en esta provincia, en el marco de las pujas que se mantienen por los recortes aplicados a la región en base al acuerdo con el FMI.


Muchas de las definiciones de septiembre en adelante estarán teñidas por el color electoral de 2019: ello empieza a tallar en las decisiones de política económica, ya que algunos legisladores opositores no estarían dispuestos a conceder instrumentos que profundicen el alivio de las cuentas públicas.


Creen que el gobernador podría vestirse a fin de año de “Papá Noel”, en el marco de una hipotética aspiración a permanecer en el cargo. Así de chiquita es la política provincial en estos tiempos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario