Dijo que “teníamos distintas opciones: una es la indemnización adecuada y eficiente. La figura que se les imputa es el cohecho activo. Quiere decir que afecta más de un bien jurídico. Afecta la correcta acción de los funcionarios”. Remarcó que “conozco la situación de las comisarías y no vamos a permitir que las obras sean de menos de 1 millón de pesos”.
Iturioz remarcó que el dinero que los empresarios deberán invertir en obras públicas, “si alcanza o no, no estoy en condiciones de decirlo con certeza pero las opciones eran la reparación, a la que tienen acceso cualquier persona imputada cuya pena mínima no exceda a los 3 años; es decir que los empresarios tenían posibilidad de acogerse a esto”.
Fiscal Iturrioz en la audiencia en las que se confirmó la libertad de tres empresarios
“La figura que se le imputa, cohecho activo, es una figura ofensiva, es decir que afecta a más de un bien jurídico, la correcta actuación del funcionario público y también afecta al patrimonio de quien paga las coimas. E ese caso estaría lindante a la figura de concusión, donde el empresario pasa a ser víctima de la presión del funcionario”, informó.
Remarcó que “para dar tierra con eso, hubieran hecho 1 o 2 pagos y denunciar, pero tenemos que investigar y acusar de acuerdo al marco legal. En un caso, que establecimos de 47 mil pesos, fue más que eso, hubo empresarios que pagaron en efectivo con dinero en negro”
“La reparación al ser el damnificado la administración pública no tiene un contenido cierto. En este caso, si pagaban la reparación, no les generaba ningún antecedente. En nuestro caso, hay gente que reparo 5 o 6 veces, es decir, que delinque, paga, delinque y paga”, cuestionó y agregó que “la figura de asociación ilícita requiere la convergencia intencional para cometer delito, tiene que tener como fin para ser tal, la comisión de delitos indeterminados. Y actuar todos de un mismo lado, por eso se hace la diferencia con quienes no son funcionarios pero sí se los hace parte”.
En caso de que la justicia acepte la reparación, el fiscal fue consultado sobre la posibilidad de que los empresarios continúen con antecedentes o bien puedan seguir siendo contratistas de la obra pública. Al respecto, Iturrioz planteó que “otra alternativa era seguir, intentar oponernos a la suspensión de juicio a prueba”.
“El marco punitivo va de 1 a 6 años y el atenuante que más peso tiene es la carencia de antecedentes. Nunca una primera condena será de cumplimiento efectivo. En caso de que (el empresario) no cumpla con la reparación, vuelve a juicio y ya es de cumplimiento efectivo en un instituto carcelario”, detalló.
Además, sostuvo que “la última posibilidad que analizamos es la suspensión de juicio a prueba con una reparación que tenía que tener un beneficio a la comunidad. Una reparación de dinero partiendo de la base de un millón de pesos iban a ir a las cuentas de la Provincia y a partir de ahí no íbamos a saber el destino porque perdíamos el contralor; entonces, apareció la posibilidad de hacer obras en beneficio de la comunidad”.
“Conozco la situación de las comisarías y no vamos a permitir que las obras sean menos de 1 millón de pesos”, afirmó. Además, comentó que en la causa hay 60 empresarios involucrados y la semana que viene se va a imputar a 60 empresarios más”.
“Lo evaluamos y no tendría sentido inhibir a todas las empresas porque tendríamos que convocar a empresas de otras provincias que vienen con un gran porcentual de gente de afuera y eso genera conflicto porque son más de 3 mil trabajadores en todas las empresas”, destacó. Y aclaró que “a quien se inhabilita es la persona física no jurídica”.
Además, sostuvo que “no implica la renuncia a las acciones civiles para que Provincia cobre porcentajes que requiera. Había que hacer 60 pericias contables y es inhumano a una profesional pedirle eso porque sería de difícil cumplimiento”.
En otro orden, Iturrioz sostuvo que “no se peritaron las obras involucradas. Tenemos que peritar las 200 o 300 obras. La justicia no puede hacerse cargo de todas las falencias del Estado. Con el doctor (Alfredo) Pérez Galimberti que representa a los diputados querellantes del FpV teníamos un par de discusiones porque planteaba que había que dar una sanción ejemplar. Era una suerte de imposición que nos hagamos cargo de lo que no se hizo desde hace 30 años. El Ministerio Público Fiscal tiene como primera regla de actuación la legalidad y objetividad. Sería una suerte de vengar estos 30 años de inacción de estos poderes”.
“Tenemos que atenernos al marco de la ley y se probó que había funcionarios que pagaban voluntariamente para beneficiarse. El mensaje es que los escasos recursos que tenemos se van a centrar en sancionar a los funcionarios infieles, porque ahora parece que la sociedad está más enojada con los empresarios que con los funcionarios”.
Finalmente, consultado sobre la causa que involucraba a los ex intendentes de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro y Martín Buzzi, el fiscal explicó que dicha “causa está prescripta y falta que se formalice la decisión del juez pero con las chicanas legales con mala resolución se logró la prescripción y va de la mano con la escala penal de los delitos de la administración pública. Ejemplo: un chico de 18 años comete un delito y la pena que le corresponde es de 5 a 15 años, pero el abuso de las facultades de un funcionario público que puede traer perjuicio al erario público tiene entre un mes y 2 años. Los delitos de funcionarios públicos tienen las penas más bajas del Código Penal y eso lo hacen los legisladores que representan a la comunidad, y no veo que se les haga reclamos a ellos”.
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