Se trata de Patricio Musante que prometió ejecutar tareas en un centro de acción familiar de Gaiman, Ignacio Salaberry que ejecutará un paredón perimetral de 70 metros, colocará un tanque de 1200 litros de agua y pintará toda la Seccional Cuarta de Policía de Trelew. Por su parte el empresario comodorense Andrés Torraca prometió mejorar las condiciones edilicias general de la seccional de policía de General Mosconi en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Los fiscales argumentaron que en lo que va de la investigación, no hallaron más pruebas que agrave la situación de los tres imputados. De investigarlos como posibles integrantes de una “asociación ilícita” que prevé penas de prisión efectiva, ahora están imputados de “cohecho activo”, con penas menores y de carácter excarcelables.
El acuerdo que se terminará de sellar el próximo día 23 luego de que los cuatro querellantes –Fiscalía de Estado, Oficina Anticorrupción, denunciantes y las agrupación Iniciativa Ciudadana- analicen las obras a ejecutar desde el punto de vista económico y técnico.
El acuerdo fue sellado en parte en una extensa audiencia que se realizó este viernes en la Oficina Judicial de Rawson y que fue presidido por el juez Sergio Piñeda.
Los fiscales estuvieron de acuerdo con los defensores de los imputados Torraca, Musante y Salaberry. Agregaron que en representación del Estado en la persecución penal, deben ser coherentes con el principio de objetividad a la vez que destacaron la predisposición de los imputados a someterse y colaborar con la investigación.
Al momento de plantear la aplicación de la figura de la “reparación” prevista en el Código Procesal del Chubut, el abogado defensor de Torraca dijo que de haber llegado a la instancia de juicio oral, hubiese sido una estigmatización innecesaria de su cliente.
Por su parte Federico Ruffa, defensor del imputado Patricio Musante, coincidió con el querellante Alfredo Pérez Galimberti (representante de los diputados denunciantes y de Iniciativa Ciudadana) al indicar que el sistema de corrupción en la obra pública siembre existió y es generalizado. “Por ello considero que también se deberá sentar en el banquillo de los acusados a los órganos de control del estado, porque este pequeño grupo de empresarios no pueden hacerse cargo de la corrupción en todo el sistema”, destacó. Al momento de los efectos prácticos, ofreció la construcción de un salón de usos múltiples en un jardín maternal de Gaiman al que concurren niños de familias de escasos recursos. La obra incluye acciones complementarias, como veredas y cercos. Pidió además que lleve un cartel indicativo de la causa judicial que se está resolviendo.
Carolina Salaberry defendió a su hermano Ignacio Salaberry, titular de la empresa Arteco de Trelew. Ofreció la construcción de un paredón de 70 metros de largo por dos metros de altura, la instalación de un tanque cisterna de 1.200 litros y pintar toda la comisaria cuarta Trelew. Todo a cambio de que sea sobreseído.
Las obras deberán ejecutarse en tres meses y el seguimiento será realizado por un técnico idóneo de la Justicia. Los fiscales pidieron además que durante un año y medio los imputados deberán seguir estrictas pautas de conducta y no cometer nuevos delitos.
Los tres querellantes estuvieron de acuerdo con las obras propuestas por los empresarios imputados. Coincidieron además en el cambio en la calificación legal. Pero los querellantes pidieron un par de semanas para analizar las propuestas desde el punto de vista técnico y económico.
Hasta el 24 de agosto los tres imputados estarán en libertad con el compromiso de acreditar periódicamente sus respectivas presencias en las ciudades de Chubut donde residen. Torraca, Musante y Salaberry estaba con arresto domiciliario, los dos primeros con autorización a concurrir a trabajar.
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