El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, aceleró la pesquisa luego de tomar declaración testimonial al periodista Juan Amorín, autor de la investigación sobre el financiamiento de las campañas electorales de María Eugenia Vidal, Esteban Bullrich, Gladys González y Graciela Ocaña, entre otros dirigentes.
La primera vez que solicitó esos informes fue a fines de julio. El titular del juzgado platense N° 3 abrió un expediente con decenas de denuncias de personas que figuran como aportantes de Cambiemos, pero que juran que nunca lo hicieron.
La legisladora Teresa García fue de una de las impulsoras. La mayoría de los denunciantes son habitantes de barrios humildes del conurbano bonaerense, que perciben planes sociales y subsisten a base de “changas”. Sin embargo, en los registros oficiales de la Justicia electoral aparecen con donaciones de hasta $ 2.800 cada uno para la campaña de Cambiemos.
En la actualidad se tramitan tres causas distintas por los falsos donantes.
Una investigación se lleva en el marco de la Justicia penal con competencia electoral de La Plata, en el Juzgado N° 2 del juez Adolfo Gabino Ziulu y con participación del fiscal Jorge Di Lello.
Las otras dos se canalizan por el fuero penal federal, con intervenciones de los jueces Sebastián Casanello y el platense Kreplak. Casanello tiene a su cargo la denuncia presentada por la ONG La Alameda.
Días atrás Kreplak requirió a la ANSES, presidida por Emilio Basavilbaso, un detallado informe con la identidad de los beneficiarios de los planes sociales Ellas Hacen, Argentina Trabaja y Hacemos Futuro de los últimos cinco años.
Quiere corroborar si el oficialismo utilizó ilegalmente esas bases de datos con fines electorales. Pero, como desde el organismo previsional no dieron respuesta, el Juez tomó 30 casos testigos para enfocar la pesquisa y tratar de llegar a alguna conclusión.
Sobre esas 30 personas le reclamó información clave a la cartera social, de Carolina Stanley, al organismo recaudador de Leandro Cuccioli y a la propia Cámara Nacional Electoral, encargada de auditar los fondos que declaran los partidos políticos para la campaña.
Di Lello ya envió a La Plata su informe preliminar con importantes datos sobre la maniobra.
Kreplak investiga los delitos de lavado de dinero, falsificación de instrumento privado y robo de identidad, lo que significa que está bajo sospecha el "origen real" de los fondos aportados, la veracidad de las afiliaciones partidarias al PRO provincial y el uso ilegal de datos de los beneficiarios de planes sociales, que el Estado debe mantener bajo estricto resguardo.
De esta forma, al no haber recibido al momento la información requerida, el magistrado intimó al Ministerio de Desarrollo Social, a la AFIP, a la Justicia Electoral y al PRO Buenos Aires a que hagan efectiva la entrega de los datos en un plazo menor a las 72 horas.
Fuente: ámbito.com
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