La compra de la caldera que hoy se investiga se había realizado mediante una contratación directa. Para la Fiscalía, no se cumplió con lo establecido por la ordenanza aprobada para este tipo de compras. El Ministerio Público Fiscal, obtuvo un plazo de seis meses para culminar las tareas investigativas.
En la sala de audiencias de la Oficina Judicial se desarrolló una audiencia de apertura de la investigación preparatoria de juicio. El acto judicial fue presidido por el magistrado Jorge Novarino.
La Fiscalía estuvo representada por la Fiscal Laura Castagno. Los imputados Balochi y Camarda, fueron asistidos por el abogado de la Defensa Publica, Gustavo Oyarzun. En tanto, Miguenz, recibió la asistencia técnica del abogado particular Guillermo Klaur. También participo la asesora legal del municipio, Fabiana Uribe.
En la oportunidad, Castagno relato los hechos que figuran en la pieza de apertura. En este sentido, sostuvo que el 22 de septiembre de 2015, el titular del ejecutivo municipal de Sarmiento, el exintendente Sebastián Balochi, junto al secretario de Coordinación de Gabinete, Rubén Camarda adquirieron, mediante contratación directa, una caldera de hierro fundido marca “JIT”, modelo “F-62” de 80.000 calorías a la firma “Thermosar”. Para ello libraron una orden de compra a nombre del titular del comercio.
Asimismo, se agregó que la orden de pago se emitió el 30 de septiembre de 2015. La disposición fue suscripta por Balochi, Camarda y Daniel Miguenz (exsecretario de Hacienda), y la misma fue por un monto de más de 130.000 pesos.
Para los investigadores, esta suma de dinero, es sensiblemente superior al valor real de mercado por ese entonces de esa unidad. En esta línea de análisis, Castagno, sostiene que se habría obligado de esta manera abusivamente al Estado Municipal de Sarmiento.
En este contexto, la Fiscal aseguro que la operación de compra fue llevada adelante con la firma “Thermosar”. También informó que esta empresa, adeudaba pagos de tributos a la Municipalidad de Sarmiento, correspondientes a las tasas de comercio e industria e ingresos brutos.
La parte investigadora asegura que la ordenanza 49/2012, en su artículo 23 inciso c, impedía tal acuerdo comercial. No obstante se llevó adelante la operación, con el fin de procurar para la empresa un lucro indebido.
Por último, indico que los sospechosos tenían a su cargo la administración y el cuidado de los fondos de las arcas del Municipio de Sarmiento, en virtud de sus designaciones como funcionarios públicos.
Con respecto a la calificación legal, dijo que se investigara a los procesados como presuntos autores del delito de administración fraudulenta agravada, por haber sido cometida contra la administración pública en carácter de coautores (artículos 173 inciso 7°, 174 inciso 5° y 45 del Código Penal). En tanto, peticionó al Juez que le otorgue un plazo de seis meses, para finalizar la investigación.
En este marco, el exjefe municipal utilizó su derecho a declarar en esta etapa del proceso. Balochi sostuvo que ejerció su mandato en el período 2011-2015, y que jamás su equipo de trabajo tuvo la voluntad de perjudicar al Estado municipal o la comunidad de Sarmiento.
También agregó que el Tribunal de Cuentas de la provincia, aprobó tres ejercicios y medio, de su mandato y fueron contestadas todas las observaciones realizadas por el organismo.
Con respecto a la compra de la caldera, informó que se decidió realizar esta operación, a raíz de un reclamo informal de empleados municipales de distintos sectores, que no tenían posibilidad de calefaccionarse ante las continuas roturas del artefacto, que llevaba mucho tiempo de uso en el edificio municipal.
Por otra parte, el dirigente político, explicó los mecanismos de contratación directa y el contenido de la ordenanza que habilita a este tipo de operaciones. Así las cosas, aseguro que el convenio se realizó dentro del rango de módulos municipales permitidos por la norma.
En otro orden, el exintendente, indicó que el proveedor incumplió con la entrega e instalación del artefacto, en el tiempo y forma acordados por lo que se decidió dar intervención a la asesoría legal del municipio.
A todo ello, manifestó que la caldera enviada por el titular de "ThermoSar", no correspondía con la compra efectuada. En consecuencia, instruyó nuevamente a los abogados de la Municipalidad a realizar los trámites legales correspondientes.
Por último, aseguro que al finalizar su mandato, el trámite de instalación de la caldera no había concluido y desconoce que resolución tuvo esa situación.
A su turno, Oyarzun, se opuso al pedido de apertura de investigación preparatoria de juicio contra sus asistidos. Los argumentos del Defensor Público, se basaron en que la pieza de apertura presentada por los representantes de la Fiscalía, no reúne los elementos suficientes para iniciar una investigación penal.
En tanto, el representante legal de Miguenz, adhirió a lo manifestado por su colega.
Finalmente, Novarino, rechazó las postulaciones de los abogados defensores. Así las cosas, resolvió tener por formalizada la investigación preparatoria de juicio contra los exfuncionarios municipales, bajo la calificación legal provisoria propuesta por el Ministerio Público Fiscal.
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