Los beneficiarios que al 31 de mayo no hayan acordado un plan de pagos para ponerse al día aparecerán en esa base de datos. La cuota mínima para regularizar la situación no bajará de $ 500. Abrieron la opción para descontar las cuotas directamente del recibo de haberes de los empleados estatales.
El mes que viene el Instituto Provincial de la Vivienda iniciará el proceso para pasarle al Veraz la cartera de adjudicatarios y beneficiarios que tengan mora en sus cuotas y que al 31 de mayo no hayan acordado un nuevo plan de pagos.
El dato lo confirmó la gerente general del organismo, Ivana Papaianni, quien también adelantó que aquellos morosos que acuerden un formato de pago para ponerse al día deberán abonar cuotas cuyo mínimo no bajará de 500 pesos. De todas formas, en ningún caso las cuotas afectarán más del 25% de los ingresos del grupo familiar. Para quienes estén al día no habrá retoques.
El Veraz es una base de datos nacionales que incluye deudas crediticias e informes de solvencia económica personal. Aparecer en ese registro puede dificultar al afectado concretar nuevas operaciones.
La decisión del pase de cartera quedó autorizada por el decreto 178, firmado por el gobernador Mariano Arcioni y el ahora exministro coordinador, Sergio Mammarelli.
Según su artículo 11, la mora en el pago de cinco cuotas alternadas o continuas facultará al IPV a “iniciar las acciones tendientes a la regularización de la deuda de las viviendas”. Si los montos no se pagan según términos y plazos del organismo, el IPV “podrá iniciar sin más trámite las acciones judiciales de cobro que correspondan”. Podrá incluir a los morosos “dentro de registros habilitados para ello, para lo cual suscribirá los respectivos convenios con las empresas prestadoras de tal servicio”.
Papaianni explicó que el IPV inició un fuerte plan de regularización para mejorar su recupero de cuotas y su recaudación. Hoy recupera sólo el 54% de créditos y cuotas. El resto es mora.
Una estrategia será cobrarse las cuotas directamente del recibo de haberes de los empleados públicos adjudicatarios. El Ministerio de Economía ya creó un código de descuento. Este procedimiento debe ser autorizado por cada agente estatal y el IPV está enviando notas para invitarlos a adherirse.
Se trata de otro decreto que autoriza “a los Servicios Administrativos de la Administración Pública Central y Organismos Descentralizados, a requerimiento del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, a descontar de los haberes del personal las sumas de dinero de las que dicho Organismo resulte acreedor en concepto de cuotas fijadas a los Adjudicatarios de Viviendas”.
La plata irá a una cuenta especial y específica en el Banco del Chubut. Hay casos donde el mecanismo ya se usa por convenio, como en barrios de Policía.
Según la gerente, “a decir verdad tenemos un número importante de empleados públicos beneficiarios y adjudicatarios de vivienda o de créditos individuales, una operatoria que está suspendida pero tuvo vigencia”.
Quienes están adheridos al debido automático del Banco –una operatoria obligatoria cuando reciben la vivienda- también podrán elegir el descuento por planilla de haberes. “Que el vecino sepa que está garantizado un único descuento al mes independientemente de que no todos los empleados públicos cobren en la misma fecha”. El descuento directo “nos da la posibilidad de tener la certera tranquilidad del recupero”. No menos del 40% son empleados estatales. “A veces el titular no lo es pero sí su cónyuge”.
“Ya estamos notificando, queremos que la gente se acerque y saldremos a la calle con el tema más importante para tratar, que sin lugar a dudas es la evaluación de los créditos y la morosidad que hay”, subrayó Papaianni.
Ajustes
Los beneficiarios que tiene vencidos los plazos de pago tendrán descuentos pero también un ajuste del valor de las cuotas. También habrá beneficios para las cancelaciones anticipadas. “Tendremos presencia en los barrios con un operativo para ir con la propuesta al vecino”.
Los interesados pueden gestionar su situación en cualquier delegación del IPV. “La idea es arreglar cada situación y recaudar”, graficó la gerente general.
Papaianni admitió que aunque es obligatorio adherirse al débito automático, hay adjudicatarios que lo bloquean para ajustar la economía familiar.
“Hay casos que se justifican porque vienen a vernos y por una emergencia, por ejemplo de salud, nos notifican. Tenemos nuestra cartera social abierta para no cobrar la cuota durante determinados meses o rever en otro tipo de operatoria para no perjudicar a ese vecino ante esta situación, pero otros cuando realmente queremos hacer el recupero se encuentra con hasta 60 notificaciones de bloqueo de débitos automáticos”.
La gerente del IPV deslizó que el mayor porcentaje de morosidad se ubica en las cuotas hasta 250 pesos y especialmente en la franja de entre 1.000 y 3.000 pesos.
“Por eso es tan importante que estemos en la calle para evaluar el recupero y la regularidad de la tenencia de la casa, que no es menor”.
Papaianni explicó que “hay un supuesto creado sobre la regularidad de la gente que ocupa las casas, si reúne los requisitos si realmente es el que hace años le dimos la casa y es el real dueño, porque una vez cancelada está en todo su derecho pero en el mientras tanto no”. Para verificar datos así se necesitaría un plan sistemático de visitas y seguimiento.
“Hay que establecer mecanismos de control que vayan más allá de la denuncia esporádica de un vecino que puede decir ´Al lado de mi casa no viven los dueños´. Hay que ir con un operativo pautado con las delegaciones”.
El dato lo confirmó la gerente general del organismo, Ivana Papaianni, quien también adelantó que aquellos morosos que acuerden un formato de pago para ponerse al día deberán abonar cuotas cuyo mínimo no bajará de 500 pesos. De todas formas, en ningún caso las cuotas afectarán más del 25% de los ingresos del grupo familiar. Para quienes estén al día no habrá retoques.
El Veraz es una base de datos nacionales que incluye deudas crediticias e informes de solvencia económica personal. Aparecer en ese registro puede dificultar al afectado concretar nuevas operaciones.
La decisión del pase de cartera quedó autorizada por el decreto 178, firmado por el gobernador Mariano Arcioni y el ahora exministro coordinador, Sergio Mammarelli.
Según su artículo 11, la mora en el pago de cinco cuotas alternadas o continuas facultará al IPV a “iniciar las acciones tendientes a la regularización de la deuda de las viviendas”. Si los montos no se pagan según términos y plazos del organismo, el IPV “podrá iniciar sin más trámite las acciones judiciales de cobro que correspondan”. Podrá incluir a los morosos “dentro de registros habilitados para ello, para lo cual suscribirá los respectivos convenios con las empresas prestadoras de tal servicio”.
Papaianni explicó que el IPV inició un fuerte plan de regularización para mejorar su recupero de cuotas y su recaudación. Hoy recupera sólo el 54% de créditos y cuotas. El resto es mora.
Una estrategia será cobrarse las cuotas directamente del recibo de haberes de los empleados públicos adjudicatarios. El Ministerio de Economía ya creó un código de descuento. Este procedimiento debe ser autorizado por cada agente estatal y el IPV está enviando notas para invitarlos a adherirse.
Se trata de otro decreto que autoriza “a los Servicios Administrativos de la Administración Pública Central y Organismos Descentralizados, a requerimiento del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, a descontar de los haberes del personal las sumas de dinero de las que dicho Organismo resulte acreedor en concepto de cuotas fijadas a los Adjudicatarios de Viviendas”.
La plata irá a una cuenta especial y específica en el Banco del Chubut. Hay casos donde el mecanismo ya se usa por convenio, como en barrios de Policía.
Según la gerente, “a decir verdad tenemos un número importante de empleados públicos beneficiarios y adjudicatarios de vivienda o de créditos individuales, una operatoria que está suspendida pero tuvo vigencia”.
Quienes están adheridos al debido automático del Banco –una operatoria obligatoria cuando reciben la vivienda- también podrán elegir el descuento por planilla de haberes. “Que el vecino sepa que está garantizado un único descuento al mes independientemente de que no todos los empleados públicos cobren en la misma fecha”. El descuento directo “nos da la posibilidad de tener la certera tranquilidad del recupero”. No menos del 40% son empleados estatales. “A veces el titular no lo es pero sí su cónyuge”.
“Ya estamos notificando, queremos que la gente se acerque y saldremos a la calle con el tema más importante para tratar, que sin lugar a dudas es la evaluación de los créditos y la morosidad que hay”, subrayó Papaianni.
Ajustes
Los beneficiarios que tiene vencidos los plazos de pago tendrán descuentos pero también un ajuste del valor de las cuotas. También habrá beneficios para las cancelaciones anticipadas. “Tendremos presencia en los barrios con un operativo para ir con la propuesta al vecino”.
Los interesados pueden gestionar su situación en cualquier delegación del IPV. “La idea es arreglar cada situación y recaudar”, graficó la gerente general.
Papaianni admitió que aunque es obligatorio adherirse al débito automático, hay adjudicatarios que lo bloquean para ajustar la economía familiar.
“Hay casos que se justifican porque vienen a vernos y por una emergencia, por ejemplo de salud, nos notifican. Tenemos nuestra cartera social abierta para no cobrar la cuota durante determinados meses o rever en otro tipo de operatoria para no perjudicar a ese vecino ante esta situación, pero otros cuando realmente queremos hacer el recupero se encuentra con hasta 60 notificaciones de bloqueo de débitos automáticos”.
La gerente del IPV deslizó que el mayor porcentaje de morosidad se ubica en las cuotas hasta 250 pesos y especialmente en la franja de entre 1.000 y 3.000 pesos.
“Por eso es tan importante que estemos en la calle para evaluar el recupero y la regularidad de la tenencia de la casa, que no es menor”.
Papaianni explicó que “hay un supuesto creado sobre la regularidad de la gente que ocupa las casas, si reúne los requisitos si realmente es el que hace años le dimos la casa y es el real dueño, porque una vez cancelada está en todo su derecho pero en el mientras tanto no”. Para verificar datos así se necesitaría un plan sistemático de visitas y seguimiento.
“Hay que establecer mecanismos de control que vayan más allá de la denuncia esporádica de un vecino que puede decir ´Al lado de mi casa no viven los dueños´. Hay que ir con un operativo pautado con las delegaciones”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario