Suarez García es investigada por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y omisión de la persecución penal por cambiar la calificación legal en una causa y beneficiar a un presunto abusador de menores. Pero desde que la Fiscalía solicitó la audiencia de apertura de investigación en Mayo del año pasado, se frustraron siete audiencias, bajo distintos motivos esgrimidos por la ex fiscal de Rawson.
En la audiencia realizada en la mañana de hoy en Rawson, a pedido del fiscal Báez, el juez Marcelo Orlando dictó la rebeldía y captura de Suarez García luego que no se presentara nuevamente a la audiencia. Incluso su abogado particular, Fabián Gabalachis, presentó un escrito diciendo que perdió contacto con su cliente.
La Oficina Judicial de Rawson envió oficios a la Policía Federal Argentina, Policía de la Provincia del Chubut, Dirección Nacional de Migraciones y Policía de Seguridad Aeroportuaria para que intervengan en la búsqueda de la ex funcionaria judicial.
En su resolución el juez Orlando tuvo en cuenta que Suárez García “tiene pleno conocimiento” que está sometida a proceso a tal punto que designó abogado defensor y que en varias oportunidades fue notificada en su domicilio de Playa Unión. Tuvo especialmente en cuenta que –según lo expresado por el fiscal Daniel Báez- su abogado defensor Fabián Gabalachis, le manifestó que “ha perdido todo contacto” con Suárez García que en una de las audiencias frustradas, en diciembre del año pasado, informó que viajaba a España y que regresaba entre mayo y junio de este año. “Ha demostrado tener una actitud desinteresada de someterse al proceso”, concluyó Orlando sobre el final de la breve audiencia realizada a media mañana de este martes en la Oficina Judicial de Rawson.
EL CASO
Suarez García había sido denunciada por el fiscal de Trelew Omar Rodríguez, luego que esta pidiera un beneficio contra un imputado de abuso sexual a una nena por su padrastro. La fiscal había acusado para elevar la causa a juicio por “abuso sexual agravado por acceso carnal, agravado por la situación de convivencia en la modalidad de delito continuado”. La causa se elevó a juicio en mayo de 2016. Pero, conjuntamente con el defensor Omar López, presentó un escrito donde modifica la acusación y afirma que “no chequeó correctamente la acusación” y lo modificó a “abuso sexual simple”. Tras el cambio de calificación, Suarez García pidió una “probation” a cambio de horas de trabajo comunitario. La admisión del pedido conjunto del defensor y la fiscal, obligó a la jueza Ivana González a otorgar el beneficio.
Los abusos comenzaron cuando la niña tenía 8 años y duraron 5 años. La fiscal pidió primero 10 años de prisión. El 30 de mayo de 2016 el caso fue elevado a juicio por el juez Marcelo Nieto Di Biase, que respetó la calificación legal escogida por la fiscalía.
Suarez García, a la vez, omitió la Instrucción del procurador general Jorge Miquelarena en este tipo de hechos, en cuanto a no consentir salidas alternativas en delitos tan graves como la violación de una nena.
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