El funcionario judicial admitió que se requirió información de registros públicos, escribanías e inmobiliarias de puntos distantes entre sí como la ciudad autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, “provincias mediterráneas” que al parecer son Córdoba y Tucumán, además de diligencias similares que se practicaron en Bariloche.
“Tenemos la presunción que el dinero que se obtuvo de manera ilícita debió ser invertido en bienes inmuebles por el volumen de plata que recibían y por eso se hicieron los requerimientos” explicó.
El foco está puesto en la llamada “Lista de Luthers” donde aparecen montos de dinero de dudoso origen destinados a políticos, funcionarios, periodistas y dirigentes sindicales; en números que llegan al millón de pesos mensuales que son hasta difíciles de gastar, salvo que rápidamente se inviertan en inmuebles.
Iturrióz sostuvo que las causas que están investigando entraron en una etapa de “amesetamiento”, sin grandes operativos como los que se vivieron desde principios marzo, cuando detuvieron en plena vía pública al ex subsecretario de la unidad gobernador, Diego Correa, momento desde el cual comenzó una lluvia de procedimientos que sorprendieron a la opinión pública.
Sin embargo el fiscal “no descartó” que pueda haber alguna otra diligencia que no confirmaría porque sería como avisarle a los sospechados, pero aprovechó para aclarar que ellos tienen la lupa puesta en la figura de “entorpecimiento de la investigación”, una de las causales por las que se da la prisión preventiva.
Ocurre que muchos de los detenidos se quejan bajo el concepto de “porqué estoy yo y no aquel otro”, y eso ocurre porque en algunos de los detenidos se constató que intentaron entorpecer la investigación ya sea haciendo desaparecer documentación o ejerciendo algún tipo de presión sobre quienes puedan aportar datos.
Tampoco descartó que se abran más causas porque son tantas figuras de ilícitos que surgen de la documentación obrante que es conveniente desdoblarlos para hacer más efectiva la investigación.
Héctor Iturrióz confirmó además que este viernes se realizará la audiencia para analizar el pedido que realizaron los diputados Gabriela Dufour, Blas Mesa Evans y Alejandra Marcilla para presentarse como querellantes con el patrocinio de los abogados Hugo Arnaldo Barone y Alfredo Pérez Galimberti.
Por lo que dejó entrever el fiscal, ellos no se opondrán al pedido, toda vez que cumplirían con los requisitos establecidos teniendo en cuenta que fueron los que originaron la denuncia por sobreprecios en la compra de materiales para los inundados que se transformó en la “causa madre” de todas las demás.
Diputados querellantes
Esta semana, los diputados del Frente para la Victoria se presentaron como querellantes en la causa denominada Emergencia Climática. El respecto, el diputado Blas Meza Evans indicó que buscarán que se “sienten en el banquillo”, los comerciantes que participaron de las presuntas maniobras defraudatorias al Estado.
“Así, estaríamos teniendo acceso a la información de las tres causas centrales de estos hechos de corrupción”, manifestó.
Respecto a la causa por la Emergencia Climática, el diputado provincial adelantó que lo buscan es contrastar “lo que nosotros denunciamos en su momento” con “lo colectado por el Ministerio Público Fiscal”, porque “todavía falta sentar a muchas personas en el banquillo de los acusados para que aclaren su situación”.
Sospechas sobre comerciantes
Elogió la tarea de los fiscales que llevan adelante las investigaciones con “una capacidad de trabajo y un compromiso pocas veces visto en la historia del Poder Judicial de Chubut”, pero en este caso, la Fiscalía “ha hecho reserva”.
Meza Evans consideró que hubo hechos de corrupción donde “empresarios y comerciantes tuvieron participación”. Argumentó que “no en todos los casos ha sido por necesidad o con una violencia irresistible ejercida sobre ellos la comisión de este delito”.
El diputado provincial subrayó que hay que separar entre “quien estuvo ‘apretado’, de una manera irresistible para entregar facturas y después retornar los importes de las mismas sin entregar la mercadería”, y quien “fue cómplice de un delito”.
Además se refirió a la audiencia de apertura de investigación, donde hablaron los imputados Leticia Huichaqueo y Marcelo Suárez. Consideró que “lo que dicen los imputados, uno no lo tiene ni que escuchar”, argumentando que “lo que dicen son argumentos que les permite zafar de un proceso penal”.
No le creen a Huichaqueo
“La ministra (Leticia) Huichaqueo era la responsable del Ministerio de Familia, que era un organismo central en el manejo de las compras, juntos con la Unidad gobernador, que conducía Diego Correa -en este sentido añadió que- Marcelo Suarez era el protagonista directo -ya que- firmaba cada una de las facturas y autorizaba los pagos”.
Remarcó al respecto que “no se puede ser tan negligente e ingenuo para decir que no sabían qué estaban haciendo”.
Por otra parte, el legislador se refirió a la figura utilizada por los fiscales, concusión, explicando que la misma es: “un funcionario que aprieta a un comerciante con algún elemento que le permite apretarlo y le exige una factura en blanco para poder quedarse con la plata de esa facturación”.
Para esto “el empresario tiene que poner la factura, cobrar y entregar ese dinero de una operación inexistente”, explicó el diputado provincial.
Insistió en que hay que analizar los elementos para determinar quienes pueden cuadrar en la figura de concusión y que comerciantes han cometido un delito. “Hay que analizar caso por caso”, subrayó.
En este marco, consideró que la “organización”, se movía con “torpeza”, señalando que “de las compras truchas que se realizaron, están registrados los retornos que realizaron los comerciantes en las listas de (Diego) Luthers, con lo cual cierra perfectamente la comisión del delito”. “Es indiscutible la existencia de delitos y de una organización delictiva”, concluyó.
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