El reclamo por “el punto perdido” de coparticipación en la década del 80 y una supuesta reparación histórica, en igualdad de condiciones a la provincia de Buenos Aires, ya tuvo una respuesta negativa por parte del jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su informe legislativo del mes de junio, cuando el senador Luenzo le planteó este tema: en resumen, el funcionario nacional respondió que fue poco más de la mitad de un punto lo que cedió la provincia en aquella oportunidad, que luego fue compensada por otros aportes nacionales en la década del 90.
Por ese lado, la vía de reclamos parece muerta. Sin embargo, queda mucho por resolver en el debate de ingresos provinciales provenientes de la jurisdicción nacional, frente al aporte que efectúa la provincia a partir de la recaudación de impuestos nacionales en su propio territorio.
Un informe de la consultora Federico Muñoz&Asociados, publicado por diario El Cronista, refleja que Chubut fue en 2016 la tercera provincia del país que aporta más recursos, por sobre lo que recibe: mientras su coeficiente actual de coparticipación es del 1,6%, su aporte en el PBI nacional oscila el 2,8%. Vale pensar por ejemplo cuánto se recauda en concepto de impuesto al cheque en una plaza petrolera como Comodoro Rivadavia, frente a lo que vuelve en términos reales.
En el otro extremo, señalaba el mismo informe, 16 provincias reciben hasta 2,9 puntos más de lo que aportan.
LA TIJERA QUE VIENE
Más allá de los debates profundos que aún están pendientes, la urgencia en torno al ajuste comprometido ante el FMI plantea la necesidad de articular estrategias para atenuar el impacto. Si bien no puede desconocerse que los recursos por coparticipación en Chubut mejoraron en la primera mitad de este año un 47% respecto de igual período del año anterior (debe descontarse el efecto de la inflación cercana al 30% en el mismo período), como reflejó esta columna la semana pasada, el escaso peso específico de las provincias patagónicas en el mapa electoral las coloca en una situación de especial vulnerabilidad.
Además, esa mejora tiene horizonte limitado, en el contexto actual: según expresiones de los funcionarios nacionales, el esfuerzo fiscal de las provincias sería compensado por el crecimiento de sus ingresos coparticipables a partir de la redistribución del 15% de aportes que centralizaba la ANSES, que ahora vuelven a repartirse entre las provincias. En el mejor de los casos, eso podría ser un juego de suma cero para los ingresos, pero totalmente negativo para afrontar el costo de funcionamiento básico.
Conviene no perder de vista lo esencial: sin más recursos, es difícil imaginar cómo se podrán asignar mayores partidas a educación y salud, por caso, en el presupuesto provincial, para evitar que los conflictos vuelvan a explotar en toda su magnitud en los próximos meses.
HUMO SOBRE EL AGUA
Además, la atención estará puesta en qué proyectos u obras pueden llegar a verse perjudicadas o, nuevamente, demoradas. No son muchas las que están en ejecución en Chubut, pero desde ámbitos del gobierno nacional se asegura que no corren riesgo las que tienen asignación presupuestaria plurianual. Entre éstas, la doble trocha Madryn-Trelew, que comenzó a ejecutarse nuevamente, o la autovía Caleta-Rada Tilly, que sigue en el laberinto judicial ligado a las empresas de Cristóbal López.
La última novedad que pudo conocerse es que se ha invitado a las otras empresas que habían participado en la licitación, que en su momento ganó la conflictiva CPC con una oferta inferior al presupuesto oficial (tasado en 2016 en algo más de 700 millones de pesos) a presentar nuevamente sus ofertas para reactivar la obra.
Igual garantía, de su inserción en un presupuesto que abarca varios años, se menciona desde referentes del gobierno nacional para el aeropuerto de Comodoro. Sin embargo, queda por ver qué pasará con otros grandes temas pendientes: los 4 reservorios que deberían evitar inundaciones, una vez que concluyan los estudios ambientales y la solución de la propiedad de las tierras afectadas, es una de las incógnitas esenciales, si bien en ese plano la demora está más acentuada en el lado provincial que en el nacional.
Acaso el hecho de que el 2019 será un año electoral, apenas, deje abierta la expectativa para escuchar nuevas promesas en torno al “camino de circunvalación” y “repotenciación del acueducto”, como pasó en el 2015. Da vergüenza ajena mencionarlo, pero estas frustraciones forman parte de nuestra propia cadena de recortes, sin ayuda de organismo internacional alguno.
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