Así lo definió el diputado radical Eduardo Conde, en diálogo con Radio Chubut.
El legislador repudió que los empresarios Patricio Musante, Esteban Torraca, Oscar Peña e Ignacio Salaberry fueran beneficiados con la “probation” a cambio de realizar obras menores como modo de resarcimiento, como se conoció el jueves.
Consideró que con este precedente, se les abre la puerta a los alrededor de 40 empresarios que están señalados en la causa “Revelación” por haber pagado retornos a los funcionarios públicos a cambio de recibir obras.
La estrategia que se vio hasta ahora por parte de los empresarios es que éstos se exponen como víctimas de verse obligados por el poder político a pagar retornos, y no como cómplices de una maquinaria de corrupción que se conoce como “cohecho activo”.
“Con ese criterio van a quedar todos sobreseídos y acá no ha pasado nada”, razonó con fastidio el presidente del bloque de cambiemos en la legislatura provincial, quien adelantó que presentará un recurso aunque con pocas esperanzas de que prospere.
Según interpreta Conde, la situación va más allá de una cuestión estrictamente penal porque el sobreseimiento de los empresarios se transforma en un agravio a la ciudadanía que tenía esperanzas de que los hechos de corrupción más trascendentes en la historia del Chubut terminaran con condenados.
Conde aseguró que “tengo sobradas razones para decir que lo ocurrido es aberrante”.
Y cuestionó a la fiscalía que tiene criterios propios y por extensión a la procuración general de la provincia que no dictó directivas para saber cómo se actúa en estos casos.
Si esto sigue así, van a quedar tres o cuatro detenidos, entre ellos Diego Correa y posiblemente Diego Luthers, llevando la mochila de la culpa que le van colgando, mientras el resto volverá a su vida y acá no ha pasado nada.
Radio chubut
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