Poco duró la supuesta novedad del cambio en el sistema de los planes sociales con relación a la obligatoriedad de la contraprestación.
Ocurre que el jueves (6/2) fuentes del Ministerio de Desarrollo Social confirmaron el diario Ámbito Financiero que el gobierno de Alberto Fernández analizaba introducir modificaciones en el sistema de planes sociales, para que sus beneficiarios puedan alcanzar al menos el equivalente a un salario mínimo vital y móvil, que hoy es de $16.875, a cambio de realizar trabajos tanto en el ámbito público como privado.
Se dijo, incluso, que la iniciativa estaba siendo elaborada por los ministros de Trabajo, Claudio Moroni; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el secretario de Economía Social de la Nación, Emilio Pérsico; y el subsecretario de Promoción de la Economía Social, Daniel Menéndez.
Es más, uno de los participantes de la reunión, el diputado provincial del Frente de Todos, Miguel Arias, dijo que "a fines de febrero el Ejecutivo pondrá en marcha un nuevo programa de trabajo que garantice una prestación y un salario mínimo, vital y móvil a todos los beneficiarios de planes sociales del país".
Tiempo atrás, Arroyo había afirmado en diálogo con medios de prensa que uno de los objetivos del Gobierno es que "la gente de los planes sociales pase al mundo del trabajo", pero no había dado mayores detalles.
Este viernes (7/2), Arroyo salió a aclarar las versiones y el ministerio desmintió la obligatoriedad de trabajar a cambio del plan.
“El objetivo es que haya más gente en condiciones de pasar del plan social a un trabajo formal”, explicó en declaraciones a la radio kirchnerista El Destape.
Desde la cartera de Desarrollo Social explicaron a la agencia estatal de noticias Télam que “no será obligatorio ni una condición excluyente para los beneficiarios realizar una tarea laboral para que continúen percibiendo el plan social" y aclararon que "no es una contraprestación por recibir un plan”.
"Vamos en dirección de que las personas que tienen planes sociales puedan tener un trabajo”, aclaró Arroyo.
Al respecto de la iniciativa, explicó: "Se van a capacitar y trabajar a la vez y complementan el ingreso de los planes con trabajo”.
Luego, sostuvo que “arrancamos pintando escuelas con personas que tienen planes sociales" y precisó que "en primer término, se capacitan con la UOCRA y al mismo tiempo pintan las escuelas, por lo que cuando el gremio certifica que se hizo el trabajo, esa persona complementará su plan social y pasará a cobrar el salario mínimo”.
“Hoy arrancamos un poco a las apuradas con el tema de las escuelas, pero lo vamos a extender a cinco actividades: construcción, producción de alimentos, textil, cuidado de personas y reciclados”, anunció.
Con respecto a la diferencia salarial entre el plan social y el salario mínimo, el ministro precisó que “el pago extra para llegar al salario mínimo dependerá de quien lo contrate a ese trabajador" y dijo que, "en el caso de la obra de pintura de las escuelas, lo deberá pagar el Estado provincial”.
“Lo importante es que además de que esos meses que cobró más dinero también tiene una capacitación y una certificación laboral que le servirá para buscar trabajo en otro lado”, destacó Arroyo.
Sobre el perfil de las personas que perciben un plan social, Arroyo describió: “Existe el trabajador que tiene muchas habilidades, pero no consigue trabajo porque la economía estuvo muy parada; otras personas necesitan un acompañamiento del Estado para capacitarse y conseguir trabajo; y otros que están muy lejos del mundo laboral por diversas cuestiones o problemas de salud”.
Este jueves (6/2) trascendió que el ministerio de Desarrollo Social haría cambios en el sistema de planes sociales con la idea de que sus beneficiarios tengan que trabajar a cambio y alcanzar al menos el equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Sin embargo, este viernes (7/2) vino la aclaración oficial de la cartera de Daniel Arroyo, que aclaró que los beneficiarios de planes sociales no tendrán la obligación de realizar trabajos para mantener el plan, desmintiendo así la versión inicial. Claramente, el gobierno de Alberto Fernández privilegió a sus bases electorales y a los movimientos sociales aliados al oficialismo, perdiendo la oportunidad de acercarse al electorado PRO, que siempre cuestionó la modalidad de los planes sin contraprestación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario