Así como el gobierno nacional y nueve provincias ya pusieron en práctica moratorias para sus contribuyentes morosos, el gobierno chubutense considera urgente hacer el lanzamiento de un plan de regularización de impuestos provinciales adeudados, que hoy suman aproximadamente unos $ 1300 millones, de los que estima se podrían recuperar en un primer tramo al menos $ 500 millones, para aliviar las castigadas cuentas fiscales. En el mismo sentido, dentro del gabinete de Mariano Arcioni, entienden que se debe poner en práctica lo antes posible el régimen voluntario de baja del débito laboral, con el objetivo de bajar el costo de la masa salarial, que hoy asciende a $ 4100 millones mensuales.
Se trata de dos de los proyectos incluidos en el paquete enviado hace 20 días a la Legislatura y que sigue a la espera de tratamiento debido a resistencias de los legisladores a y medidas de fuerza del personal. Por esa razón, por estas horas se comenzó a barajar en los despachos de Fontana 50, la posibilidad concreta de sacarlas directamente por decreto.
Por ahora se trata de una idea que el gobernador habría encargado a sus colaboradores, a pesar de cierta resistencia de algunos asesores que ven objeciones de tipo legal, tratándose de medidas de orden tributario en el caso de la moratoria. Por eso se baraja la alternativa de un Decreto de Necesidad y Urgencia, que se pondría en vigencia por 30 días pero que obligatoriamente debería ser ratificado por la Cámara, lo que implica un alto riesgo a futuro.
En este escenario de incertidumbre, el mandatario –más allá de la continuidad o no de las medidas de fuerza del personal legislativo- tendría pensado convocar esta semana a un grupo de diputados de su sector, para evaluar los pasos a seguir. En la cabeza de Arcioni estaría por estas horas la idea de no repetir lo que considera errores del pasado reciente, es decir, llamar a legisladores que –según su visión- después terminan jugando en su contra. Por ello sería una decisión tomada –dicen quienes frecuentan al gobernador- el dejar afuera de su bloque a los 6 diputados que responden a Ricardo Sastre y a Adrián Maderna.
Se sabe que en política no hay nada definitivo, pero de confirmarse este dato, la foto del momento marca que efectivamente la confianza de Arcioni con sus antiguos socios está quebrada y no hay vuelta atrás, por más discusiones de legisladores por la tapa de los diarios y por más pedidos de reuniones y de disculpas que se hicieron públicos. Los que conocen el carácter del mandatario aseguran que no piensa pedir disculpas por haber usado el calificativo de “miserables” porque según su opinión no mencionó a nadie en particular (“se hicieron cargo solos, yo no di ningún nombre”, confió en una charla con colaboradores) y que no tiene intención de volver a convocarlos porque se siente más cómodo trabajando con legisladores que tienen puesta la camiseta del oficialismo.
La cuestión es cuántos son los diputados que el gobierno considera como “leales”, y si con ese número puede encarar las medidas que necesita para su gestión. El conteo más optimista que se hace en Fontana 50, anota 9 diputados como propios: Juan Pais, Graciela Cigudosa, Roddy Ingram, Pablo Nouveau, María Cativa, Carlos Gómez, Emiliano Mongilardi y dos legisladoras que hoy se muestran alejadas, pero que según dicen en el gobierno, en breve podrían confirmar su presencia en el bloque: Gabriela De Lucía y Zulema Andén.
A esa cuenta (quizás demasiado optimista, sobre todo en los últimos dos casos) en el Ejecutivo creen que podrían sumar acuerdos con otros bloques opositores, como el de Juntos por el Cambio o el del PJ, donde la mirada es que no hay un liderazgo, sino que hay que dialogar de manera individual con cada diputado o con sus referentes, con quienes ya se habrían comenzado a tender algunos puentes. En principio, el único al que le habrían puesto bolilla negra dentro de ese bloque, es al madrynense Carlos Eliceche, a quien ven jugando abiertamente con el vicegobernador.
MEDIDAS URGENTES
Volviendo a los decretos que hoy estarían en la cabeza de Arcioni, hay que decir que las razones de la urgencia que argumenta el gobierno para la moratoria y las jubilaciones son estrictamente económicas: por un lado se busca recuperar dinero que hoy no está disponible, y por el otro, se pretende bajar el costo laboral que hoy asfixia las cuentas provinciales. La cuestión a saber -si es que ambas ideas finalmente se ponen en práctica-, es si van a tener el éxito que el Ejecutivo pretende, ya que en el caso de la moratoria, todo dependerá de la capacidad de pago de las castigadas pymes de una provincia en crisis, y en el caso de las jubilaciones de los agentes públicos, hay que decir que son voluntarias, y podría ocurrir que no generen el interés que se cree.
El Régimen Especial de Regularización Tributaria que fue enviado a Legislatura alcanzaría a quienes adeudan impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Rural y Tasas Retributivas de Servicios, a los que se daría un plazo de adhesión hasta el 31 de marzo. Entre las principales disposiciones, se establece que podrán optar por alternativas de pago con distintos beneficios. Por ejemplo el pago al contado otorga una condonación del 80% de los intereses, mientras que para acceder al pago en cuotas, se deberá abonar en concepto de anticipo el 5% del monto de la deuda consolidada. Luego el proyecto discrimina de acuerdo a los planes de pago: por ejemplo, para la cancelación hasta en 6 cuotas, una condonación del 60% de los intereses y reducción del 50% de la tasa de interés aplicable. Según el proyecto, estos beneficios disminuyen de manera paulatina a mayor cantidad de cuotas, que pueden llegar a ser hasta 60.
De acuerdo a un relevamiento realizado por ADNSUR, la suma aproximada que se acumuló en los últimos años de deuda en estos impuestos provinciales asciende a unos 1300 millones de pesos. Lógicamente en el gobierno no esperan que este dinero se recupere de manera inmediata, pero creen que al menos en una primera etapa se pueden poner al cobro unos 500 millones. Un especialista del área de Rentas advirtió por otra parte que al no estar ya vigente la Ley de Emergencia para el sector comercial, ahora quedó abierta la posibilidad de que el Estado inicie acciones judiciales para cobrar las deudas, algo que estaba vedado hasta diciembre.
DEBITO LABORAL Y JUBILACIONES
Por otra parte, la cuestión del fomento de las jubilaciones y la baja del débito laboral tiene para el gobierno la lógica de achicar la planta de trabajadores activos que hoy genera obligaciones salariales todos los meses, que son imposibles de afrontar. El ministro de Economía, Oscar Antonena, ha repetido varias veces de manera pública, que en Chubut hay unos 65 mil empleados públicos, entre activos y pasivos, cuyos salarios demandan una suma mensual de 4100 millones de pesos en una provincia que recauda aproximadamente 3 mil millones.
De acuerdo a los números que maneja el gobierno, hay en estos momentos 413 jubilados que están prestando servicios como contratados, lo que demanda un costo mensual de 44 millones, que salvo fundadas excepciones, la idea es que una vez vencidos sean dados de baja. Por otra parte, hay 3504 casos de agentes que siguen como activos pero que exceden la edad para jubilarse y que demandan una suma salarial mensual de 263 millones. En estos casos, el gobierno tendría decidido intimarlos por carta documento, para que inicien sus trámites de manera inmediata.
Además de estos 300 millones que en el Ejecutivo consideran que son los más fáciles e inmediatos de achicar, hay otros 500 millones de pesos que se pagan mensualmente en agentes a los que les falta muy poco tiempo para jubilarse, y es a quienes apunta el proyecto de Ley, o en todo caso el decreto que está en ciernes. Según datos oficiales, hay 869 casos de agentes a los que les falta un año para jubilarse (una masa salarial de $ 77millones al mes), y hay 967 casos de empleados a los que le faltan 2 años para jubilarse, ($ 88 millones mensuales). Y el tramo que demanda más fondos es el de agentes a quienes les faltan de 3 a 5 años para jubilarse, que son en total 5323 casos, cuyos salarios demandan 424 millones mensuales.
En los primeros dos casos, lo que dice la medida es que los agentes que reúnan los requisitos para acceder a la jubilación ordinaria de aquí a dos años, pueden elegir de manera voluntaria la adhesión a la baja del débito laboral y percibirán como prestación un haber equivalente al 70% móvil de la remuneración del cargo desempeñado al momento del acogimiento al régimen y hasta la fecha en que se encuentra en condiciones de acceder al régimen de la jubilación ordinaria; debiendo realizarse también los aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social determinados sobre el 100% móvil de sus remuneraciones. Por otra parte, para los agentes que reúnan los requisitos para jubilarse dentro de 3 y hasta 5 años, y soliciten la incorporación a ese régimen, percibirán como prestación un haber equivalente al 55% móvil de la remuneración del cargo.
Será entonces una semana clave para este tipo de iniciativas, en las que el Ejecutivo evaluará si están dadas las condiciones para volver a convocar a una sesión extraordinaria cuanto antes, o en todo caso, si es posible poner en práctica ambos regímenes de inmediato por la vía del decreto. Al mismo tiempo, propios y ajenos seguirán haciendo números sobre los votos del oficialismo y la oposición en una Legislatura que ya es un polvorín, sin que haya comenzado aún el período de sesiones ordinarias.
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