El diputado Blas Meza Evans, uno de los denunciantes que dio origen a la causa “embrujo” por la cual se investigan a ex funcionarios provinciales, le dio verosimilitud al listado que fue secuestrado en una vivienda de Playa Unión donde aparecen nombres, sobre nombres y apellidos con fecha y monto de supuestos pagos irregulares.
Según Meza Evans, la meticulosidad con la que se confeccionó esa contabilidad paralela evidencia que Diego Correa, el administrador de la plata negra, tenía que rendirle cuentas a un superior.
“A mí no me queda ninguna duda que ese listado es veraz aunque no será fácil probarlo” reconoció.
La esperanza de que la investigación tenga algún resultado está vinculada con que, según Meza Evans, aparecen también fotocopias de cheques de “aportantes” con montos que se condicen con los valores pagados.
El legislador del Frente para la Victoria recordó además que en el listado figuran empresarios dando dádivas que provenían del retorno por el sobre precio en la obra pública.
En ese terreno, les recomendó a los empresarios que se dicen “extorsionados”, que se presenten a declarar para mejorar su posición ante esta causa de corrupción que parece no tener fin.
Por su parte el ex defensor general alterno de la provincia, Alfredo Pérez Galimberti, quien representa a un foro de ciudadanos que se constituyó como querellantes, sostuvo que la intención de su participación en esta causa es para que se termine la impunidad y que se puedan recuperar el valor patrimonial que se robaron.
Perez Galimberti aseguró que no existe un antecedente en el país de una organización de vecinos de la sociedad civil que se presente como querellante, como el caso de ellos, lo cual es posible porque el sistema jurídico de la provincia es de avanzada en este sentido.
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