Conde aludió a la Ley I Nº 74, que reglamenta el Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial. En su artículo 1º dispone: «Las disposiciones de este Estatuto comprenden al personal de la Administración Pública Provincial, con las siguientes excepciones: a) Ministros y Secretarios de Estado, Secretarios de la Gobernación, Subsecretarios.
Por su parte, el Art. 4º de la norma en análisis dispone: «No podrán ingresar a la Administración Pública Provincial: c) El que tenga proceso criminal pendiente, o haya sido condenado en causa criminal por hecho doloso, que a criterio de la autoridad administrativa competente, implique desmedro moral suficiente».
Por lo tanto, Conde expuso que «corresponde abordar el análisis de la situación puntual alusiva al funcionario designado, Juan Martín Bortagaray, en orden a su situación procesal en la causa penal conocida bajo el nombre de ‘Revelación’, donde se investigan hechos asociados a la corrupción política en la Provincia del Chubut. Bortagaray está imputado por el delito de Asociación Ilícita».
Argumentó entonces el legislador comodorense, que «si bien el artículo 1ø antes transcripto exceptúa de la aplicación del régimen legal a los subsecretarios de gobierno, lo cierto es que la designación de Bortagaray lo es como personal de Gabinete -dependiente del Ministerio de Coordinación de Gabinete-, en los términos previstos en el Artículo 66 con salario equivalente a subsecretario, pero en estricto rigor, no reviste esa categoría».
En consecuencia, «está alcanzado el nombramiento por la expresa prohibición antes referida en el citado Art. 4º: No podrán ingresar a la Administración Pública Provincial.: c) El que tenga proceso criminal pendiente. Este es el caso que nos ocupa».
Recordó Conde que «el flamante funcionario renunció al cargo de Ministro al tiempo de ser imputado en la causa. Y ahora vuelve a la función pública como si su situación procesal hubiera cambiado».
«Observamos con elocuencia la desaprensión del Gobierno Provincial para el tratamiento de estos asuntos de enorme sensibilidad social, especialmente en estas circunstancias particulares, vinculadas al defalco de la corrupción política que se investiga en las causas judiciales en trámite», declaró el diputado provincial.
En este aspecto agregó que el Gobierno «violenta el marco legal vigente, circunstancia que no nos sorprende, pero asimismo violenta la moral pública, vapuleada, maltratada en estos años de degradación política».
«Este es el gobierno que pretende seguir conduciendo el destino de nuestra provincia. Los hechos están a la vista, y la gente esta vez sabrá apreciarlos en su justa medida», finalizó.
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