Como resultado de diversas políticas públicas implementadas en los últimos años en nuestro país, la pobreza multidimensional urbana en Argentina pasó del 26,6 al 31,3% de la población entre 2017 y 2018. Estas cifras se desprenden del último relevamiento desarrollado por la Universidad Católica Argentina (UCA), que también ratificó que se redujo la cantidad de hogares sin acceso a cloacas, bajo contaminación o con vivienda precaria.
Puntualmente, el documento denominado “Enfoque de Pobreza Multidimensional basado en derechos”, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social, hizo mediciones de las carencias no monetarias, es decir: alimentación y salud, servicios básicos, vivienda digna, medioambiente, educación, empleo y seguridad social. Posteriormente, se hace una relación con los ingresos de los habitantes.
Al respecto, los pobres multidimensionales son aquellos que se encuentran bajo la línea de pobreza porque no cubren la Canasta Básica Total (CBT) y además carecen de acceso a al menos alguno de los mencionados derechos socioeconómicos.
Si se tiene en cuenta que la población urbana es de unos 40,5 millones, en 2017 había unos 10.773.000 pobres multidimensionales urbanos (26,6% de la población), pero el año pasado esa cifra creció hasta alcanzar los 12.676.500 (31.3%). Esto quiere decir que en un año 1.903.500 personas cayeron por debajo de la línea de la pobreza en nuestro país.
Por su parte, el director de investigación del Observatorio, Agustín Salvia, manifestó que “la pobreza multidimensional experimentó un fuerte crecimiento por el crecimiento de la pobreza por ingresos por caída del salario, pérdida de empleo y mayor precarización laboral, en el actual contexto inflacionario y de estancamiento”.
En tanto, el aumento de la pobreza multidimensional fue mayor entre los obreros integrados mientras que no impactó en los medios profesionales. “Esa polarización marca una profundización de la desigualdad social”, apuntó Salvia.
Caída de los ingresos
Vale precisar que entre 2017 y 2018 también aumentó la pobreza multidimensional estructural urbana, es decir, aquellos personas cuyos ingresos no alcanzan a cubrir la CBT pero además tienen tres o más carencias sociales: este indicador pasó de 16,7 a 18,6%.
“Sin considerar el aspecto monetario, cuando uno analiza la afectación de derechos económicos y sociales, en promedio no hay variaciones significativas y más bien tiende a la baja”, afirmaron desde la UCA. De esta manera, el número de viviendas sin servicios básicos bajó de 32,8 en 2017 a 30,2% en 2018, acumulando un descenso de cinco puntos porcentuales desde 2015. Esta mejora se explica por un mayor extensión de la red de cloacas: mientras hace dos años el 31,8 % de los hogares no tenía desagüe, el año pasado eran el 29.1%.
Ampliación de la red de cloacas
Por su parte, fuentes de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación puntualizaron que entre 2016 y 2018 se incorporaron 1,5 millones de habitantes a la red de cloacas a partir de la instalación de 7.500 kilómetros de cañería.
En tanto, según el informe de la UCA, en el último año además disminuyó el porcentaje de viviendas que sufren problemas medioambientales, que evolucionó del 21,1 al 19%, con un descenso de cuatro puntos porcentuales en los últimos tres años.
También bajó la falta de acceso a una vivienda, a raíz de una reducción en el número de hogares que no disponen de un baño con descarga, que pasó de 10 a 8,6%. “Esto se debe al esfuerzo del hogar pero es posible que los sistemas crediticios hipotecarios lo hayan facilitado”, indicó el informe.
Por otro lado, en el mismo lapso aumentó levemente el porcentaje de hogares con dificultades alimentarias o de atención sanitaria -del 21,6 al 22,8%-, y con desempleo o empleo en negro -del 29,2 al 32,2%-. Además, dos de los componentes de “carencias en alimentación y salud” registraron la mayor incidencia desde 2010: el 17,5% de los hogares no accedió a atención médica en 2018 y el 17,3% no pudo obtener los medicamentos que necesitaba.
Incremento de la canasta básica
Como consecuencia de los incrementos constantes que han sufrido en los últimos meses los precios de los productos, a diferencia de lo que ocurre con los ingresos de los argentinos, el poder adquisitivo de la gente cada vez es menor, por lo que cada vez más personas queda por debajo de la línea de pobreza.
Esta situación no impacta a todos de la misma manera, ya que según las cifras oficiales los bienes que más han sentido estos cimbronazos económicos son los más necesarios y los de mayor consumo para las personas de menos recursos. De hecho, como resultado de la inflación registrada en los últimos meses, la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo fue del 21% en febrero, en comparación con el mismo mes de 2018.
Asimismo, para que una familia compuesta por cuatro personas pueda cubrir la Canasta Básica Total, que es la que está compuesta por todos los elementos necesarios para no caer por debajo de la línea de pobreza, hay que contar con ingresos superiores a dos salarios mínimos. Específicamente, tras la suba anunciada por el Gobierno Nacional en las últimas semanas, el haber básico en Argentina ascendió a los 12.500 pesos, mientras que una familia “tipo” necesita 26.442,92 pesos por mes para cubrir la Canasta Básica Total.
Además de influir en la cantidad de gente que cae por debajo de la línea de pobreza, el aumento de los precios, que en los últimos registros se sintió con más fuerzas en los alimentos y bebidas, también impacta en las personas que no alcanzan a cubrir la Canasta Básica Alimentaria, que está compuesta por los recursos indispensables para poder sobrevivir. Como consecuencia de esto, las cifras de indigencia también han sufrido un incremento considerable.
Aumento del salario mínimo
Como se mencionó anteriormente, a fines de febrero el Gobierno Nacional decidió aumentar el salario mínimo a 12.500 pesos, adelantando el incremento que estaba previsto para el 1 de junio del corriente año. Igualmente, especialistas en economía afirmaron que esta medida no impactará directamente en la actividad, ya que la recesión continuará y este aumento del 25% no tendrá una incidencia contundente en el consumo de los argentinos.
Al respecto, el economista Aldo Abram aseguró que la medida de Casa Rosada “no mueve mucho el amperímetro porque son simplemente transferencias de ingresos, de capacidades de un empleador a sus empleados”. “Este tipo de medidas no significa un aumento de la demanda total de la economía, por lo tanto, no genera reactivación. Porque el que tenga que pagar más a esos sueldos mínimos va a dejar de consumir o invertir. En todo caso, lo que va a haber es un cambio en la composición del consumo que en dos meses se habrá licuado”, agregó.
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