La docente Ariana González, de la Escuela 7709 de Cushamen, se encadenó este viernes frente a la sede de Supervisión Escolar, en Las Golondrinas, como “una manifestación pacífica y para visibilizar mi caso, ya que no tengo ayuda y mis superiores la han negado de manera contundente. Desde hace 12 meses no me pagan y tampoco responden a mis reclamos”.
Además “han dado orden de no recibirme ningún papel, tanto en la Delegación Administrativa, en la Supervisión Técnica o en la misma escuela, donde se me impide dejar las licencias”, agregó.
Antepuso como causal “un sumario administrativo y pedagógico iniciado en noviembre de 2016 (está publicado en el Boletín Oficial), por el desastre que estaba ocurriendo en la Escuela 7709 y donde los profesores denunciamos violencia laboral por parte de la directora. Fuimos perseguidos hasta el cansancio. La única que queda en pie soy yo y sostengo mi reclamo porque se me ha quitado el trabajo, vivo de la ayuda de gente amiga y solidaria”, reflejó.
“Para el sistema educativo chubutense soy una NN, desde marzo de 2018 se está reclamando mi legajo, que ha ido a la Junta Médica de Rawson y ha desaparecido. Asimismo, en la sede de la Delegación Administrativa local retienen durante 6 meses documentos privados, como mis certificados médicos e históricas clínicas, y después lo reconocen diciendo que fue un error involuntario. Con ello generaron la baja de mis horas”.
A su lado, el sicólogo Gustavo Husak graficó que “acompañé a la docente desde el primer momento. Es una situación donde también estoy desaparecido porque los documentos que firmé llevan mi sello y mi matrícula, que no fueron aceptados aun cuando estoy habilitado formalmente y trabajo en la región desde hace muchos años. La misma ART comprobó la condición de maltrato hacia Ariana González, que hoy es lamentable por la inestabilidad emocional a la que la han sometido”.
“Es muy difícil establecer un diagnóstico, a partir de todos los traumas que se pueden originar cuando uno se siente que no es parte de algo, ella es una paria del sistema educativo ante una realidad que existe pero que se niega. Claramente, es abuso de poder”, indicó.
Con todo, lo calificó como “un trastorno post traumático y adaptativo, sumado a la depresión evidente; una cuestión esquizoide donde estamos negados, ella como paciente y yo como terapeuta”.
La propia denunciante confirmó que está accionando legalmente ante el Ministerio de Educación, con el patrocinio del abogado Edgardo Manosalva: “Desde noviembre hemos enviado 3 telegramas a la ministra Graciela Sigudosa, pero no responde, aun cuando conoce el caso porque fue ella quien firmó el sumario en 2016. Esto es un abandono y una negación absoluta, una vergüenza provincial. Estoy reclamando por mis derechos y pidiendo la intervención del gobernador Mariano Arcioni para que se solucione”, insistió.
Desde su óptica, es víctima de un entorno “originado en una escuela donde se robaba dinero y donde la directora, quien fue suspendida, acaba de tomar nuevamente su cargo”.
Recordó enseguida que por entonces “salimos en la tapa del diario Jornada, cuando también fue sancionado el comisario de Cushamen, Ismael Cerdá, quien además es abogado y docente. La misma directora dio órdenes de aplazar a su mujer, quien estaba embarazada y cursaba la escuela nocturna. Yo me opuse a esas directivas, pero se falsificaron los boletines y las planillas. Cerdá fue destituido y sacado de dicha localidad, sufrió persecución”.
“Esto es algo inimaginable para alguien que abraza la profesión docente, en especial en escuelas rurales, donde los chicos necesitan de la integridad de los adultos en todo sentido. Me queda la tranquilidad del compromiso que siempre puse ante ellos, preocupándome por si iban con medias o con las alpargatas mojadas o si habían comido, son lugares donde se trabaja de manera diferente”, concluyó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario