Los jueces Adrián Barrios, Rafael Luchelli y Alejandro Defranco rechazaron por unanimidad las probation para las hermanas Natalia y Giuliana Mc Leod, Sandro Figueroa, Tato Ramón, Gisande y Jorge Godoy.
Con esta decisión tomada, los jueces de la cámara penal confirmaron la resolución del tribunal de enjuiciamiento y los seis imputados que pidieron suspensión de juicio a prueba deberán someterse a juicio oral y público con el resto de los acusados.
El fallo es inédito. Nunca había ocurrido en la provincia. El código penal indica que las probation no son aplicables a funcionarios públicos. Y en el fallo de hoy, los jueces intervinientes entendieron que no es aplicable tampoco a los particulares involucrados por connivencia en la acusación con funcionarios.
Los argumentos de la sentencia serán el 7 de junio próximo.
La decisión del cuerpo colegiado se dio en horas de la tarde, tras un cuarto intermedio en una audiencia que se extendió durante la mañana hasta cerca de las 14, donde pudo escucharse las argumentaciones de los defensores que impugnaban lo resuelto por los Jueces Alejandro Soñis, Ricardo Rolón y Marcela Pérez, en tanto los fiscales y las querellas solicitaban la confirmación de lo actuado.
Entre las argumentaciones comunicadas aluden a la adecuada posición asumida por el Ministerio Público Fiscal, resaltando la importancia que debe darse a delitos como defraudaciones al Estado donde los afectados son todos los ciudadanos. Reafirmaron las normas vigentes tanto en los organismos internacionales, como previstas en la Constitución, confirmando cada uno a su turno la sentencia emitida oportunamente que rechaza la posibilidad de aplicar el instituto de la suspensión de juicio a prueba.
Así las cosas la causa denominada “embrujo” seguirá su curso y Diego Correa, Diego Luters, Federico Gatica, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Rubén Darío Reinoso, Christian Gisande, Jorge Godoy, Giuliana Mc Leod y Darío Domingo Correa, deberán afrontar el juicio oral y público acusados de diversos delitos, entre ellos asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, fraude al Estado y usurpación de título público.
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