Cambios en los rangos salariales, jubilaciones obligadas y achique del gabinete: las medidas que evalúa el gobierno para tratar de ser “previsible”

Terminó una semana muy caliente en la que buena parte de los empleados públicos reclama todavía el pago de haberes de enero, y hay mucha preocupación por cómo se van a afrontar los salarios de febrero. Ante este panorama en el que volvieron los cortes de ruta, los paros se hacen cada vez más intensos y regresan las movilizaciones masivas, en el gobierno se suceden las reuniones a toda hora para presentar esta semana un plan de reestructuración que busca bajar costos y aumentar ingresos para achicar el déficit que no para de crecer. Se quiere implementar de inmediato el paquete de leyes aprobadas el jueves para mejorar la recaudación y pasar agentes al sector pasivo. Esta semana se comenzará a intimar a 3500 empleados que ya sobrepasaron la edad que marca la ley, para que inmediatamente comiencen los trámites de jubilación. Y el dato más importante para el bolsillo de los estatales: en el gabinete admiten que el actual sistema de rangos salariales se volvió imposible de cumplir, por lo que se piensa en otra alternativa que permita dar una fecha cierta de pago a partir de abril.

En una provincia que no puede pagar los sueldos a sus agentes públicos, ni afrontar las obligaciones con los proveedores, y que proyecta un déficit anual que como mínimo será de $ 22.700 millones –más allá de la discusión semántica sobre si Chubut está o no “quebrada”- lo que está claro es que la crisis económico-financiera es brutal, y que con el actual nivel de ingresos, el Estado no puede afrontar sus obligaciones: si no paga en tiempo y forma el sueldo a sus agentes, están en riesgo los servicios básicos de salud, educación y justicia. Lejos de achicarse, el desfasaje de las cuentas es cada vez mayor, primero porque la masa salarial se sigue agrandando producto del cumplimiento de los acuerdos paritarios pendientes de 2019, y en segundo lugar, agravado por un contexto económico nacional que dista mucho de lo que se había pensado para esta época del año. La coparticipación es menor producto de la merma en la recaudación de impuestos nacionales, las clases no comenzaron en 11 provincias y no son pocos los gobernadores que reclaman a la Nación que si no va a emitir billetes ni piensa enviar salvatajes como adelantos o subsidios, al menos autorice a que el Congreso emita “cuasimonedas” para que las economías locales no caigan en una recesión aún mayor.

Luego del cimbronazo que significó el pago del aguinaldo en enero, que trastocó las cuentas provinciales que mantenían un sistema de cuatro rangos que permitían funcionar con “cierta normalidad” a fines de 2019, el final de un verano turbulento dejó en claro que se volvió imposible para el gobierno cumplir con algo básico: decirle a sus empleados cuándo y cómo van a cobrar sus haberes. Los estatales de Chubut, que son los que a su vez motorizan las economías locales con sus ingresos, exigen algo elemental: que les digan en qué fecha van a percibir sus sueldos. En el gobierno reconocen por lo bajo que el reclamo es “genuino”, y que una cosa es cobrar con 15 días de demora, y otra muy distinta que haya agentes que no sepan en marzo cuándo van a cobrar la liquidación de enero.

¿Qué pasó en este caso para que llegado el 8 de marzo haya cobrado parte del tercer rango de activos y esté pendiente todo el cuarto rango? La explicación oficial es que el sistema de endeudamiento en letras que se viene repitiendo hace meses, llegó a un punto límite esta semana, en la que el problema fue más del mercado que de tipo político: Chubut contaba con la autorización del Ministerio de Economía de la Nación para tomar hasta 1100 millones que le hubieran permitido depositar a todo el tercer rango (de 65 mil a 150 mil pesos). Pero el mercado financiero pretende tasas de interés más altas que las permitidas por la cartera de Martín Guzmán. Por ejemplo, la Anses había prestado a Chubut hace un mes, a una tasa Badlar más el 7 %, algo que fue imposible de volver a obtener en esta oportunidad. Este contexto se repite en varias provincias, sumado a que tampoco se cuenta con el recurso del Fondo Fiduciario Federal, al que se había recurrido en su momento para un salvataje. Para colmo en este mes, el déficit mensual sólo en salarios en Chubut fue de $ 1665 millones, producto del pago de retroactivos de “cláusula gatillo” a docentes y auxiliares de educación, que llevó la masa salarial con aportes a $ 5100 millones, como ya informamos en esta columna.

Este cóctel explosivo se fue haciendo cada vez mayor hasta agotar la paciencia que venían mostrando la mayoría de los trabajadores estatales, que esta semana hicieron eclosión en todos los sectores a la vez, porque a los paros en escuelas, hospitales y tribunales, se sumaron otros organismos cuyos integrantes pertenecen perciben ingresos más altos, y que reaccionaron con la decisión del gobierno de depositar los sueldos del Poder Legislativo para destrabar el inicio de las sesiones ordinarias. Esto puso en pie de guerra al resto de los empleados del tercer y cuarto rango, con la consecuencia de una paralización mayor del Estado, amenazas de denuncias penales, cortes de ruta y movilizaciones. Y la semana terminó con las idas y vueltas en el anuncio del pago al tercer rango, que primero se dijo iba a ser para los que cobraban hasta $ 85 mil, y luego se acordó con los gremios que –recurriendo a un descubierto del Banco Chubut y fondos propios que sumaron en total un desembolso de $ 630 millones- se pague a todos los 17 mil agentes activos del tercer rango, una suma igual de 45 mil pesos.

Ante este panorama que todos los actores coinciden en definir como “muy grave”, ADNSUR te cuenta qué es lo que está en análisis en la cabeza de los principales responsables del Poder Ejecutivo que desde el jueves pasado vienen manteniendo reuniones de gabinete en los despachos de Fontana 50 y en el Ministerio de Economía, coordinados por el gobernador Mariano Arcioni junto a sus ministros de Economía, Oscar Antonena, de Gobierno, José Grazzini, de Educación, Andrés Meiszner, de Salud, Fabián Puratich, y de Seguridad, Federico Massoni. La orden fue trabajar doble turno los 7 días a la semana para anunciar lo que se dio en llamar una nueva “reestructuración del estado”, que podría tener un primer tramo de anuncios a mediados de esta semana.

PREVISIBILIDAD

El primero de los objetivos trazados, según comentan en off quienes participan de las reuniones, es volver a recuperar algo básico: que el Estado sea previsible en las fechas de pago de sueldos. Para ello, hay coincidencia en que una de las primeras cosas a cambiar lo antes posible es el actual sistema de división en cuatro rangos, que tiene concretamente un rango 3 que se volvió imposible de afrontar, con sueldos que van de 65 mil a 150 mil pesos, incluyendo a más de 24 mil agentes activos y pasivos que demandan una masa salarial de casi 2 mil millones mensuales. Se lo había proyectado inicialmente para que los dos primeros rangos -38 mil empleados con una masa de casi $ 1600 millones- se afrontaran con ingresos provenientes de endeudamiento en los primeros 15 días del mes, y que llegado el día 20 ya con ingresos de regalías y coparticipación, se pagara a los sueldos más altos. Pero hoy, suspendida la posibilidad de toma de letras por el momento, los dos primeros rangos pasaron al final del mes, y se retrasó toda la cadena. Por esa razón, ya se encargaron estudios a especialistas para que, evaluando la proyección de ingresos y egresos de los próximos meses, permitan anunciar un nuevo sistema que busque barajar y dar de nuevo.

Está claro que la magnitud del tercer rango –que se infló más con las últimas subas salariales- lo volvió impagable, por lo que el gobierno habla por estas horas con dirigentes sindicales para consensuar un nuevo sistema, y según pudo constatar ADNSUR entre varios protagonistas, por el momento se analizan dos escenarios posibles: uno sería esperar al final del mes, pongamos por caso un día entre el 20 y el 25, y pagar a todos los empleados –eliminando los rangos- un monto igual. Por ejemplo –a modo de hipótesis- depositar a cada uno de los 65 mil agentes chubutenses una suma de hasta 75 mil pesos. La ventaja de este sistema pasaría por ser previsible en la fecha, aunque no está claro cómo y cuándo cancelar el saldo pendiente con los ingresos medio-altos y altos (alguna propuesta habla de pagar en efectivo en un segundo pago hasta 150 mil pesos, y todo lo que exceda de ese valor, con un bono ajustable por el IPC).

La segunda opción pasa por modificar el tercer rango, y que en vez de llegar hasta los $ 150 mil como hoy, abarque por ejemplo hasta los agentes que perciben hasta $ 90 mil, lo que incluiría a la mayor parte del sector docente y de salud, aunque tendría la contra de que quedaría fuera la mayor parte de los poderes Judicial y Legislativo. En este caso, habría que ver además si queda un último y enorme cuarto rango a partir de esa suma, o si se divide el tercer rango en dos, por lo que pasarían a haber cinco escalas.

La teoría de la “manta corta” está a la orden del día, ya que priorizar a un nivel salarial es perjudicar indirectamente a otro, y eso es lo que demora la decisión del gobierno, que sabe que la medida que tome va a generar siempre rechazo de algún sector. Para poner blanco sobre negro, hay que recordar que  25 mil agentes activos del tramo más bajo (son el 35 % del total) cobran un sueldo promedio de $ 41 mil, mientras que los agentes de los tramos superiores (40 % del total) cobran un sueldo promedio mensual de $ 98 mil. Incluso si se mira a los más privilegiados, hay 2.200 agentes con un sueldo neto mensual de $ 222 mil.

Los datos totales indican que los 65 mil empleados estatales de Chubut –sumando a los jubilados- cobran un sueldo promedio de $ 66 mil pesos. Pero si esto se discrimina, hay que decir que el promedio de sueldos de los activos es de $ 62 mil, mientras que la jubilación promedio es de $ 85 mil. Por esto es que está en estudio poner algún tope a las jubilaciones más altas, como ya anticipó ADNSUR días atrás.

BAJAR EL COSTO

Es probable que el anuncio del cambio de la forma de pago en rangos aún se demore porque llevará aún bastante análisis y depende de los vaivenes de los ingresos provinciales y también de la suerte de la reestructuración de la deuda. Lo peor que podría hacer el gobierno sería volver a cometer el error de anunciar un nuevo sistema que no pueda cumplir, aumentando la crisis de confianza que hoy ya tiene con sus empleados. Pero además, entre los principales actores del gabinete tienen en claro que estas medidas, que van a pedir más “sacrificio” tanto a los destinatarios de los sueldos como al resto de la ciudadanía, deben ir acompañadas de un “gesto” de la clase política, que tiene la obligación de mostrar que es la primera que está dispuesta a ajustarse el cinturón.

Un buen ejemplo sería que avance en la Legislatura el proyecto del bloque del PJ para “congelar” por 180 días los sueldos de diputados, autoridades y planta política. Y hay que decir que poco favor le hizo al Ejecutivo que en estos días haya tomado estado parlamentario el proyecto de aumento a la planta política que había sido enviado durante el receso en diciembre. Por más que  en el gobierno insisten en que el problema de los números no pasa por los cargos políticos, que demandan una masa de $ 30 millones por mes, saben que estos gestos son fundamentales ante una opinión pública muy sensible. Quizás lo mejor sería retirar ese proyecto hasta que los números se acomoden, recomiendan algunos. En este sentido, hay quienes también apuntan entre los errores del gobierno a determinadas designaciones con nombres muy reconocidos en el rol de asesores que no se sabe muy bien para qué están, que hacia adentro se justifican en la sorda lucha de internas contra cierta dirigencia del PJ o el cumplimiento de “pactos preexistentes”. La “rosca” atenta contra la imagen de una gestión que se quiere mostrar austera.

De todos modos, en el paquete de anuncios que se prepara para estos días, es probable que se vuelva a hablar de un achique de la planta política, buscando priorizar sólo a los ministerios “vitales”, los 6 o 7 que se consideran prioritarios como Salud, Educación, Seguridad, Economía y Obras Públicas, entre otros, y quizás avanzar en agilizar otras áreas que no deberían demandar tanta estructura, como Turismo, Ambiente y Producción. También se está hablando de bajar algunas secretarías que tienen un rango demasiado alto, pero hay que decir que estos objetivos se habían planteado en diciembre y en su momento fue difícil cumplirlos. Las fuentes consultadas admitieron que por estas horas se debate si estos cambios exigen en principio una nueva Ley de Ministerios, que lleva tiempo y desgaste, o en todo caso simplemente ir dejando vacantes algunas áreas cuya gente más indispensable podría ser absorbida por otros sectores. Las opiniones están divididas dentro del equipo de gobierno y es difícil saber cuál será la definición que tome el mismo Arcioni.

Lo que sí es un hecho, es que el pedido del gobernador en estas reuniones con sus colaboradores, fue que se trabaje cuanto antes en la reglamentación del paquete de medidas aprobado el jueves por la Legislatura, especialmente la moratoria para contribuyentes morosos, la nueva Ley Tributaria y el nuevo Código Fiscal. Y un punto muy especial, referido a los retiros anticipados de Estado, para bajar el costo de la masa salarial de activos. De hecho, ADNSUR está en condiciones de anticipar que la primera medida que se tomará en estos días será dar de baja a los más de 400 jubilados que están prestando servicios como contratados con un costo mensual de $ 44 millones, así como intimar por carta documento a los 3.500 casos de agentes que siguen como activos pero que exceden la edad para jubilarse (una masa salarial mensual de $ 263 millones) a que inicien cuanto antes los trámites en la caja.

Y por otro lado, el pedido a los responsables de cada área es apuntar los cañones a convencer a aquellos que estén en condiciones de ingresar en los beneficios de la Ley de Abstención del Débito Laboral, que hay que decir que es voluntaria y no obligatoria. El Ejecutivo apunta a lograr el mayor número de retiros dentro de unos 1800 agentes a los que les falta uno o dos años para jubilarse, y que hoy significan una erogación aproximada de $ 160 millones mensuales. También están alcanzados por la ley los agentes a quienes les faltan de 3 a 5 años para jubilarse, que superan los 5.300 casos, cuyos salarios demandan 424 millones mensuales, un monto muy importante en el que el Ejecutivo tiene puestas sus expectativas.

Más allá de lo que se pueda avanzar en estas medidas, está claro que como viene ocurriendo desde mediados de 2019, lo vinculado a la prestación de servicios del Estado va a continuar de una manera caótica durante todo el año, y que más allá de que se lograran refinanciar los títulos de deuda en dólares que todos los meses afectan los ingresos, de todos modos seguiría habiendo un déficit de al menos $ 8 mil millones en materia salarial. En este contexto, es impensado hablar del fin del pago escalonado al menos hasta fin de 2020, porque el panorama se volverá aún más complicado a la hora de afrontar el medio aguinaldo en julio y diciembre. Como se ve, aún no asoma la luz al final del túnel, y va para largo.

ADN sur