Así lo informó la oficina de prensa de la CEA, al término de cinco días de deliberaciones de un centenar de obispos llegados de todo el país, que se reunieron en la casa de retiros El Cenáculo, de Pilar, encabezados por el presidente del cuerpo y obispo de San Isidro, Oscar Ojea.
“Los obispos reunidos en la 116° Asamblea Plenaria han confirmado aceptar el reemplazo gradual de los aportes del Estado (asignaciones a los obispados, becas para los seminaristas y parroquias de frontera), por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, asumiendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas, que ponían lo suyo en común (Hechos de los Apóstoles 2,44)”, indicó el comunicado difundido ayer.
Según lo previsto este año, el aporte económico que el Estado le hace a la Iglesia asciende a unos 130 millones de pesos, cifra que representa solo el 7 por ciento del presupuesto total que maneja el Episcopado.
Asimismo, la CEA informó que se creó una comisión episcopal para el “sostenimiento de la misión evangelizadora de la Iglesia”, que trabajará en la “creación de un fondo solidario y la continuidad del diálogo con el gobierno nacional, consensuando diversas alternativas que facilitarán este reemplazo”.
De esta manera, queda confirmado por el plenario de obispos el cambio al actual sistema de sostenimiento de culto que la Iglesia venía estudiando hace meses en diálogo con el Estado nacional, bajo un estricto hermetismo.
En la última reunión de la comisión permanente, en agosto, los obispos recibieron un informe del grupo que integran representantes de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Culto y la CEA que se estaba encargando de analizar alternativas al actual sistema.
Se acordó entonces seguir profundizando esas alternativas y estudiar propuestas, con “el fin de ir resignando de manera gradual las asignaciones”.
En las últimas semanas, la comisión ejecutiva del Episcopado convocó a los ecónomos de todas las diócesis argentinas, con quienes se analizó los futuros cambios en el sistema que viene estudiando una comisión integrada por el padre Guillermo Caride, Hernán San Juan y el contador Oscar Gómez, por parte de la CEA.
En marzo, el tema había originado un caluroso debate cuando -en momentos en que se empezaba a instalar el tema de la legalización del aborto- el jefe de Gabinete, Marcos Peña, informó en el Congreso que el presupuesto destinado a la Iglesia católica en 2018 ascendía a 130 millones de pesos.
Ese dinero, que en el proyecto de Presupuesto 2019 bajará a 126 millones de pesos, está destinado a la asignación mensual de unos 40 mil pesos que recibe cada uno de los 94 obispos que hay en el país, todo según el artículo 2 de la Constitución de 1953 y un decreto de 1979 de los varios de la pasada dictadura cívico militar que beneficiaron a la Iglesia Católica.
La asamblea plenaria había comenzado el lunes con un fuerte mensaje de monseñor Ojea, quien llamó a los obispos de todo el país “cuidar y defender la unidad” del Episcopado ante los “grandes desafíos pastorales” que se presentaron este año, como el debate sobre el aborto, los pedidos de apostasías, las denuncias de abusos dentro de la Iglesia y los ataques al papa Francisco, que se dieron en medio de una “crisis social y económica”.
Ojea refirió que todas esas situaciones se dan en medio de una “crisis social y económica que golpea a todo el pueblo argentino”.
La exhortación del titular del Episcopado se produjo días después de la controversia generada por la misa por la “paz, el pan y el trabajo”, celebrada el pasado 20 de octubre por el arzobispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani frente a la tradicional basílica, con la presencia de Hugo y Pablo Moyano y referentes de kirchnerismo, que provocó cierta tensión.
Según los participantes del encuentro, el tema estuvo presente en el intercambio pastoral de los obispos el primer día de deliberaciones, durante el cual monseñor Radrizzani recibió algunos cuestionamientos internos, pero el arzobispo solo se limitó a leer la carta pastoral que dirigió a sus fieles, en la que pidió perdón a quienes “han sufrido” por esa celebración, y aclaró que la misa “no tuvo ninguna intencionalidad política”.
Estoy leyendo y al parecer ya no recibirán el aporte del Estado nacional, pero si el de las comunidades, o sea, si no entiendo mal, a la larga igual se los va a bancar pero desde los Estados provinciales y municipales o me equivoco?
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