La jugada política diseñada por el Frente Para la Victoria, el mackarthysmo y Cambiemos en la sesión del jueves pasado, generó controversias por la nominación de un legislador opositor en un cargo que tiene línea de sucesión directa ante una eventual ausencia del actual gobernador Mariano Arcioni.
El caso es complejo. Por ejemplo, si Arcioni decidiera participar de una gira en otro país por más de cinco días, está obligado a delegar el mando.
El artículo 152 de la Constitución de la provincia del Chubut puntualiza que el gobernador y el vicegobernador, en ejercicio de sus funciones, “residen en la ciudad Capital y no pueden ausentarse fuera de la Provincia por más de treinta días sin permiso de la Legislatura, pero si la ausencia es de más de cinco días debe delegar el mando”.
En el nuevo escenario legislativo, si esta situación descripta anteriormente se concretara, el diputado José Grazzini del PJ quedaría al mando de la Provincia.
Chubut Somos Todos está frente a una encrucijada, porque los argumentos jurídicos para concurrir a la Justicia por la decisión de remover a Ingram de la vicepresidencia primera a cargo de la Legislatura son limitados. Sin embargo, los fundamentos políticos abundan.
En la oposición adhieren a la versión de que “es una cuestión política no justiciable”.
Hay antecedentes sobre una caso similar y fue cuando el bloque oficialista delineó en marzo de 2017 la arquitectura para desplazar a Raúl “Bulín” Fernández y a Edgardo Alberti. La situación fue calcada: hubo una moción para apartarse del reglamento de la Legislatura y con 14 votos los desplazaron, ocupando sus cargos Martín Sterner y Damián Biss.
Blas Meza Evans del Bloque Justicialista acudió a la Justicia, pero la presentación del legislador fue descartada.
El único elemento que cambia entre la historia del jueves y la de marzo de 2017 es que está en discusión la línea sucesoria.
A lo largo y ancho de la Constitución de Chubut no hay mención sobre la obligatoriedad de que el diputado a cargo de la Legislatura deba ser del oficialismo. Históricamente “fue un acuerdo de palabra” entre las fuerzas políticas con representación en la Cámara –según publica Diario El Chubut-.
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