Testigos del juicio oral por la causa «Embrujo» dieron cuenta de los pagos que realizaron algunos de los imputados para las compras de materiales y gastos de construcción de la casa que Diego Correa poseía en Playa Unión en donde además se levantaron tres departamentos. El primero en declarar fue Mario Nahuelcheo, un investigador de la Unidad Anticorrupción que realizó tareas operativas acerca del movimiento de los imputados que culminaron en detenciones y el desbaratamiento de una presunta asociación ilícita que hoy tiene a 12 personas sentadas en el banquillo de los acusados.
Nahuelcheo dio cuenta de los movimientos de los integrantes de la asociación ilícita que se investiga, los vehículos que utilizaban, los domicilios particulares que utilizaban como sede de las empresas que habían creado, todo en el marco de la tarea de campo de la investigación que coordinaban los fiscales generales Omar Rodríguez y Alex Williams. Manifestó haberse «sorprendido» cuando los imputados se percataron que tenían sus teléfonos intervenidos al punto tal de conocer los nombres y documentos de los investigadores y que además «apuntaban» al procurador general, Jorge Miquelarena.
LA PROVISION DE MATERIALES
El segundo en declarar fue Juan «Pichón» Moreira, el propietario del corralón VS Materiales con sede en la ciudad de Trelew. Dio cuenta de las ventas de materiales de la construcción que le realizó a Correa para la edificación de su casa en Playa Unión y los tres dúplex en el terreno lindante, a través de las empresas Dual Core y Sepat.
«Para nosotros era una cuenta corriente normal de cualquier persona que construye una vivienda», dijo Moreira. En el juicio reconoció la documentación de su empresa que acredita las cuentas corrientes que lo vinculan con Correa en carácter de cliente.
Los dichos de Moreira fueron ratificados por Laura Díaz, empleada administrativa de VS Materiales que tenía contacto directo con el imputado Correa, que pagaba el retiro de materiales «en dinero en efectivo que traía en una mochila y si el monto era importante, con el dinero envasado al vacío. Muy pocas veces pagaba con cheques», indicó.
«Del año 2014 al momento del pedido de la Fiscalía que pidió el movimiento de dinero, fueron aproximadamente 1.800.000 pesos», destacó. Según la testigo también los pagos que se cancelaban eran por las empresas Dual Core y en algunos casos en nombre del ex gobernador Mario Das Neves, al que indicó nunca haber visto. Ante preguntas de los defensores, la testigo dijo que «el pago en efectivo por montos importantes es normal».
EMPLEADOS AMENAZADOS
Uno de los empleados de la Unidad Gobernador que conducía el entonces subsecretario Correa, dio cuenta de las intimidaciones y las tareas bajo amenazas que sufrían los empleados de esa dependencia. También albañiles que trabajaban en Casa de Gobierno pero que recibían horas extras a cambio de trabajar en la casa particular de Correa, manifestaron sentirse amenazados.
Alexis Gabra formó la empresa Sepat SRL siendo empleado del Banco Río. Lo hizo para poder facturar la venta de ladrillos que realizaba por la tarde. Al comenzar a trabajar en la Unidad Gobernador que conducía Diego Correa, decidió vender la empresa a su compañero de trabajo en ese lugar, Diego Luthers. Lo hizo a través de su contador Diego Gatica. Se pactaron 90.000 pesos. «Antes de la venta de la empresa le vendí 3.600 ladrillos a Diego Correa. Los ladrillos fueron llevados a Playa Unión», detalló.
Pero también Gabra dio cuenta de que en algunas oportunidades se sintió «intimidado» por sus superiores para la firma en especial de expedientes puntuales. Se refería a las presiones que recibía de Luthers para elevar expedientes vinculados con la necesidad de determinados contrataciones para reparar las viviendas oficiales.
Dio cuenta de que las presiones eran de Luthers pero se originaban en Correa. «El trato en el día a día cambiaba. Sentí que si no firmaba me quedaba sin trabajo», dijo al Tribunal del Juicio. «Todos los empleados vivíamos bajo esa amenaza. Nos iban a echar y lo escuché de boca de Diego Correa desde una oficina continua», detalló.
Sin que las partes le pregunten, el testigo Andrés López contó que para trabajar en casa de Gobierno «estuve cinco años realizando tareas de militancia para Mario Das Neves. A Chito Alarcón le dije que necesitaba trabajo porque me cagué de frío militando. A Luthers le agradezco porque me dio el trabajo».
Trabaja en la Unidad Gobernador en tareas de mantenimiento desde hace tres años. Por orden de Luthers, realizó tareas de pintura en la casa particular de Diego Correa en Playa Unión. Dijo que le advirtió a Luthers que no correspondía trabajar en una casa particular. «Como te pusimos te sacamos, me dijo Luthers y yo con una nena de tres meses, tuve miedo de quedarme sin trabajo. Lo tomé como una amenaza», dijo.
La madre de Pablo Báez era empleada en la casa de Diego Correa. A través de ella el ex funcionario ahora imputado, hizo ingresar al joven que se hallaba desocupado. Las tareas serían las de mantenimiento en la Casa de Gobierno, bajo las órdenes de otro de los imputados, Diego Luthers, secretario de Correa.
OTROS TESTIGOS
Pablo Diporsano era chofer en Casa del Chubut en la Capital Federal. Su presencia en el juicio estuvo relacionada con los intentos que realizó el grupo investigado para deshacerse de los bienes, entre ellos, la Hyundai H1.
Presente en la sala estuvo el escribano Maximiliano González Lloyd que estuvo relacionado con Diego Luthers por la compra de un terreno en Rawson por un valor de 250.000 pesos que finalmente se escrituró a nombre de Mezeta Consulting.
Otro de los que declaró fue Gerardo Tardugno, ex secretario privado y jefe de prensa de la intendenta Rossana Artero. Su presencia en el juicio estuvo relacionada por su relación con Rubén «Bedo» Reinoso y una pauta publicitaria de la Municipalidad capitalina en favor de la empresa Dual Core que finalmente facturó los servicios por un valor de 5.000 pesos. Finalmente declararon dos albañiles.
No hay comentarios:
Publicar un comentario